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La Cámara de Representantes aprobó esta tarde a viva voz su propia versión de la legislación que elevaría a rango de ley la determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos que requiere que todo veredicto de culpabilidad de un jurado tenga que ser alcanzado de manera unánime.


El Proyecto de la Cámara 2476, de la representante Partido Nuevo Progresista (PNP) María Milagros Charbonier, dispone el requisito de unanimidad para veredictos de culpabilidad, pero también consigna que bastará con un veredicto de 9-3 para rendir un fallo de no culpabilidad. De no alcanzarse los nueve votos, el tribunal ordenará al jurado a continuar deliberando o también podrá ordenar su disolución y la celebración de un nuevo juicio.

La medida también añade un nuevo escenario bajo las Reglas de Procedimiento Criminal en que un convicto puede solicitar un nuevo juicio. Esa nueva instancia será si se rindió un veredicto por mayoría y aplicará a toda sentencia, ya sea final y firme o en proceso de apelación. No obstante, Charbonier indicó, a preguntas del representante Manuel Natal Albelo, que esas peticiones de nuevo juicio se atenderían «caso a caso».

Charbonier indicó, a preguntas de Natal, que el juez tendría la facultad de fijar la fianza que entienda a todo convicto al que se le conceda un nuevo juicio.

Al defender la medida en sala, Charbonier indicó que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ya acogió la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos y dispuso que su aplicación retroactiva procedería cuando no haya una sentencia final y firme.

«Estamos garantizando que los fallos, a tenor con esas decisiones (de los tribunales), que los fallos de los distintos jurados en juicios por delitos graves serán válidos y se determinan de manera unánime», dijo Charbonier al reconocer que, si bien pudiera ser necesario enmendar la Constitución de Puerto Rico, que permite veredictos por mayoría, lo cierto es que la jurisprudencia del Supremo de Estados Unidos aplica en Puerto Rico.

«Es un gran proyecto y se les hace justicia a muchas personas», añadió Charbonier.

Por su parte, el representante popular Luis Vega Ramos coincidió en la necesidad de que la aplicabilidad de la decisión del Supremo se extienda a casos con sentencias finales y firmes, pero dijo preocuparle que la medida no recoja posturas del Departamento de Justicia, la Sociedad para la Asistencia Legal o la opinión de las escuelas de Derecho del país o el Colegio de Abogados y Abogadas.

Tampoco se consultó a la Rama Judicial.

«Vamos a legislar esto con la trascendencia que esto tiene con fe y sin expediente», dijo al acusar también al liderato cameral PNP de aprobar a toda prisa la medida ya que el Senado aprobó su propio proyecto ayer.

«Hago un llamado a la prudencia», dijo Vega Ramos al recordar que no se ha auscultado la postura de las víctimas de delitos o el efecto sobre la población penal.

Según estadísticas que presentó Charbonier, del 2011 al 2017, de 146,680 casos graves, solo 1,122 acusados fueron encontrados culpables por un jurado. Reconoció que no hay estadísticas sobre en cuántos casos un jurado se ha llegado a un veredicto unánime.

En el caso del representante independentista Denis Márquez, dijo que si bien puede reconocer los problemas políticos que rodean a la medida, la «médula del proyecto» se centra en el derecho fundamental a la libertad».

«En este país el concepto de 9-3 no es un meramente parte del análisis jurídico. Hay que dejar en el récord legislativo que tiene que ver con el discrimen político al independentismo puertorriqueño. Eso se estableció (que los fallos no tuvieran que ser unánimes) porque Pedro Albizu Campos fue absuelto por puertorriqueños en el Tribunal Federal donde se requiere unanimdad», dijo.



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