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Nota del editor: primera de seis notas con las voces de diversos expertos analizando el proyecto de ley sobre el Código Civil de Puerto Rico enviado a La Fortaleza para su firma y ampliamente criticado por diversos sectores.

Luego de que la Legislatura aprobara un proyecto de ley para crear un nuevo Código Civil sin una discusión amplia de su contenido, El Nuevo Día invitó a profesores de Derecho a analizar y explicar, de formar sencilla, algunos de los artículos más controvertibles de los seis libros que componen el documento.

Este es el análisis del Libro Primero: Las Relaciones Jurídicas (persona, animales domésticos y domesticados, bienes y hechos, actos y negocios jurídicos). Pendiente a endi.com para la publicación del análisis de los siguientes libros.

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Análisis de Glenda Labadie Jackson, catedrática de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico

Coincido con lo expresado por amplios sectores de la sociedad, que han advertido las consecuencias adversas de la aprobación del proyecto de adopción de un nuevo Código Civil, en medio de la crisis social, de salud y económica sin precedentes en la que Puerto Rico y el resto del mundo se encuentran inmersos.

Además, el proceso legislativo fue altamente irregular, particularmente en su última fase en la que, incluso, se privó a los ciudadanos y ciudadanas de la oportunidad de conocer el contenido de la versión del proyecto que finalmente fue aprobado por la Asamblea Legislativa. La transparencia y la apertura a la discusión pública siempre deben caracterizar el trámite legislativo. Ello se acentúa en el caso de la aprobación de un cuerpo de ley que regula prácticamente todos los aspectos de la vida de todos y todas las puertorriqueñas.

De una somera lectura general del voluminoso proyecto se desprende la necesidad de afinar conceptos, de lograr una mayor coherencia entre las distintas normas allí establecidas, de evitar descansar excesivamente en legislación especial (vigente o por aprobar), de abordar con mayor profundidad temas neurálgicos. Además, el proyecto desatiende la nueva realidad social y económica que ha experimentado Puerto Rico en los últimos cuatro años.

Derechos individuales constitucionales

Resulta pertinente destacar que algunas disposiciones incluidas en el proyecto que se refieren a derechos constitucionales individuales se caracterizan por estar redactadas de forma confusa, tal vez como resultado del accidentado proceso legislativo que culminó en la aprobación del Código Civil. Cabe destacar los siguientes temas:

a) Concebido no nacido. Si bien es cierto que el proyecto establece que las disposiciones relativas al concebido no nacido “no menoscaban en forma alguna los derechos constitucionales de la mujer gestante a tomar decisiones sobre su embarazo” (Art. 70), la realidad es que preocupa la inclusión de varias disposiciones dispersas del proyecto que podría dar margen a interpretar que se le reconoce personalidad jurídica al concebido no nacido.

b) Enmienda del renglón de sexo en el acta de nacimiento. En la actualidad, se reconoce el derecho de cambiar el renglón de sexo en el certificado de nacimiento sin necesidad de presentar una acción judicial con dicho fin. En el proyecto se sugiere que, a partir de su vigencia, sí será necesario presentar una acción judicial con dichos fines. Sin embargo, establece que “nada de lo aquí instituido menoscaba el proceso establecido en los casos de una solicitud para que se refleje un cambio de género en la certificación de nacimiento”. Tampoco queda claro en el proyecto de ley cuál es el proceso interno que se ha de seguir en el Registro Demográfico una vez se autorice el cambio de sexo en el acta de nacimiento. Coincido que dicha disposición del proyecto, tal como está redactada, podría constituir un retroceso en la conquista de los derechos alcanzados por los ciudadanos y ciudadanas transgénero.

Reconocimiento de derechos a los animales

En el proyecto, los animales “domésticos y domesticados” son excluidos de la definición de bienes. Además, se establece que, en caso de separación familiar, a falta de acuerdo entre las partes, los tribunales determinarán a quién se le asignará la custodia y en quién recaerá el derecho de compartir con la mascota. Incluso, se establece que a cualquiera de estas personas se les puede imponer la obligación de pagar una aportación económica para atender las necesidades de la mascota. Uno de los criterios centrales que los tribunales deben tener en cuenta para hacer este tipo de determinaciones es el bienestar y seguridad del animal. (Arts. 232-235)

Ausencia de regulación

Llama particularmente la atención la ausencia de regulación o la regulación escasa contenida en el proyecto con respecto a situaciones que deben estar enmarcadas en un Código Civil del Siglo XXI. A modo de ejemplo, podrían destacarse los acuerdos de maternidad subrogada, los derechos y obligaciones de las parejas de hecho; la reproducción asistida, el derecho a rechazar tratamiento médico, solo por mencionar algunos.

Entrada en vigor del nuevo código civil

Es altamente preocupante que, de la gobernadora Wanda Vázquez Garced firmar el proyecto, el nuevo Código Civil entraría en vigor en un plazo de seis meses. Dicho término es excesivamente corto si se toma en cuenta que la aprobación de un nuevo Código Civil habrá de exigir el adiestramiento de cientos de jueces y juezas, de miles de abogados y abogados, y de otros miles de operadores jurídicos.

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Análisis de Pedro J. Cabán Vales, catedrático asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana

El Libro Primero del Código Civil se trata de un texto novel puesto en Puerto Rico porque incorpora reglas generales de tres materias diferentes: derecho de la persona, derecho de obligaciones y derechos de propiedad. Esas materias son desarrolladas posteriormente en otros libros dedicados a “Las instituciones familiares”, “Los derechos reales” y “Las obligaciones”. Eso provoca que, en el propuesto Código, las normas sobre esas disciplinas estén repartidas en dos libros en vez de uno, como en el Código Civil vigente. La Comisión para la Revisión y Reforma del Código Civil de Puerto Rico escogió ese diseño porque estimó, luego de realizar un estudio extenso sobre la materia, que esa estructura es la preferible para poder estudiar y comprender las diversas materias. Es previsible que este cambio de estructura legislativa alterará también los planes de estudios en las facultades de derecho.

Arts. 239, 244. El Código Civil vigente y el proyecto de ley aprobado establecen clasificaciones de las propiedades (públicas, privadas, etc.) y contienen una regulación general, aunque escasa, de la forma en que propiedad privada puede pasar a ser pública (“afectación”) o viceversa, pasar de ser pública a ser privada (“desafectación”). Sobre ese particular, se establece: “El cambio o la alteración de la clasificación jurídica de los bienes puede realizarse por cesar el fin público al cual fueron destinados, lo cual puede ocurrir en la forma prescrita por ley o reglamento”. Hubiera sido preferible conservar el lenguaje propuesta originalmente por la Comisión Revisora del Código Civil: “El cambio o la alteración de la clasificación jurídica de los bienes solo puede realizarse en la forma prescrita por ley”.

Ante la importancia que tienen los bienes públicos y la proliferación de la corrupción gubernamental, habría sido preferible dejar sentado como principio la necesidad de autorización específica en ley para cambiar la clasificación de los bienes públicos. El lenguaje aprobado debería ser interpretado con rigurosidad a pesar de que su redacción deja espacio para que el cambio de clasificación se haga por reglamento.

Por otro lado, sí debe aplaudirse que la Legislatura siguiera las recomendaciones de la Comisión Revisora del Código Civil y creara la clasificación de “Bienes públicos, patrimonio del pueblo de Puerto Rico” para referirse a bienes que “por su interés o valor ecológico, histórico, cultural, artístico, monumental, arqueológico, etnográfico, documental o bibliográfico… están fuera del tráfico jurídico y se regirán por la legislación especial correspondiente”. Conviene estar vigilantes para ver si esta clasificación tiene un reflejo práctico en otras leyes o en una interpretación judicial más estricta cuando se trate de la disposición de bienes del patrimonio cultural y ecológico del pueblo de Puerto Rico los cuales tienen, incluso, protección constitucional.



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