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Juan Maldonado de Jesús deberá regresar hoy al Capitolio, ya no como el asesor legal que en antaño fue en la Cámara de Representantes y en el Senado, sino para rendir cuentas sobre su rol protagónico en el escándalo de la fallida compra de un millón de pruebas de coronavirus a Apex General Contractors, una pequeña empresa de construcción de la que era abogado.

El 5 de abril, cuando El Nuevo Día reveló el proceso irregular que tuvo esta compra, Maldonado de Jesús aseguró a este diario que su participación en la transacción había sido limitada.

Testimonio tras testimonio ante la Comisión de Salud de la Cámara, que investiga la fallida transacción, dicen, en cambio, que él fue la única persona que manejó las negociaciones del lado de Apex de principio a fin.

La comisión cameral también citó para estos días a Ricardo Vázquez Hernández, otro exasesor legislativo, en su caso de Eric Correa Rivera, para quien trabajó cuando era representante en 2012. Vázquez Hernández, quien es abogado, será interrogado por los legisladores sobre las dos transacciones, por $3.6 millones, que hizo el Departamento de Salud con la empresa 313 LLC para comprarle más de 100,000 pruebas serológicas para cernimiento de COVID-19. Salud y la empresa se encuentran en una disputa judicial relacionada con esa transacción.

Se trata de dos personajes que, aunque no tienen ningún vínculo profesional ni legal conocido, han transitado a menudo por los mismos círculos del Partido Nuevo Progresista (PNP) y se han relacionado en distintas épocas con las mismas personas.

En su trayectoria profesional, Maldonado de Jesús ha entrado y salido del servicio público, mientras que Vázquez Hernández ha seguido en el sector privado. Los dos, por separado, están relacionados, de alguna manera, con varias corporaciones activas en el Departamento de Estado.

A ambos, les unen, al menos, relaciones de negocios con Juan Suárez Lemus, un miembro administrador de 313 LLC, según se desprende el registro de corporaciones del Departamento de Estado.

Vázquez Hernández y Suárez Lemus han sido enfáticos en que ninguno de los dos tiene relación con Apex General Contractors.

“Grupo Lemus no tiene relación alguna con la compañía Apex General Contractors ni con su presidente, Robert Rodríguez”, señaló, el 7 de abril, Suárez Lemus. “Grupo Lemus no está involucrado en ningún negocio o transacción relacionado a la venta y distribución de pruebas rápidas para el diagnóstico de COVID-19 en Puerto Rico, ni en ninguna otra jurisdicción”, agregó.

Vázquez Hernández y Suárez Lemus forman parte de la compañía de asesoría Grupo Lemus. Maldonado de Jesús también trabajó para Grupo Lemus, en su caso, hasta julio del 2019 si se le pregunta a Suárez Lemus, o hasta diciembre de ese año si se le pregunta a él mismo. Cuando este escándalo explotó el 5 de abril, Maldonado de Jesús decía, en su perfil de la red social LinkedIn, ser “socio de Grupo Lemus”. De inmediato, lo cambió.

El nombre de Maldonado de Jesús no aparece por ningún lado en la documentación de la venta del millón de pruebas serológicas de coronavirus por $38 millones, que fue acordado en menos de 24 horas el 26 de marzo, como tampoco aparece el de Robert Rodríguez López, dueño de Apex. El único nombre que aparece en la documentación es el de Aaron Vick, un empresario marítimo quien dice que, aunque suministró su firma electrónica a Maldonado de Jesús por mensaje de texto el 26 de marzo, no autorizó a que fuera usada en ningún contrato de compraventa de pruebas de coronavirus.

Un rastro importante

Maldonado de Jesús, no obstante, dejó en los documentos un rastro importante que permitió dar con él y sacarlo del anonimato en que, según ha sido reportado, pretendía mantenerse durante toda esta transacción: su número de teléfono celular.

Este abogado ha asegurado que solo era asesor legal de esta empresa, que había tenido antes contratos gubernamentales para servicios de construcción, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire. Maldonado de Jesús verificó y certificó uno de esos contratos, en 2017, cuando era asesor legal del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), agencia de la que después fue subsecretario.

La relación entre Maldonado de Jesús y Suárez Lemus se remonta, al menos, hasta el 2006, cuando ambos laboraron para Alternate Concepts Inc. (ACI), la empresa privada que administra el Tren Urbano. Maldonado de Jesús era abogado en la compañía, y Suárez Lemus, principal oficial financiero (CFO, en inglés). Ambos se desvincularon de esa empresa hace años.

Ese mismo año, Suárez Lemus y Maldonado de Jesús aparecen como incorporadores de una organización de base comunitaria de nombre Forever Young Lifestyle Resort, que sigue activa y cuyo propósito es ofrecer vivienda y otros servicios a personas de mayor edad.



Desde su organización, en 2006, hasta el último informe radicado en el Departamento de Estado, en 2018, figura Maldonado de Jesús como su agente residente. En el Departamento de Estado, no hay registrada ninguna resolución corporativa que indique que haya sido relevado de esas funciones. Sin embargo, Mayra López Mulero, abogada de la Maldonado de Jesús, señaló que su cliente ya no pertenece a esa organización.

Además, dijo que la tarea de Maldonado de Jesús, como agente residente, se limita al recibo de documentos y no tiene injerencia en sus operaciones.

En tanto, Suárez Lemus dijo que “esa corporación no ha tenido ningún tipo de operaciones ni ha tenido ningún tipo de negocios desde que se abrió”.

Historial como empresarios

Desde 2005, Maldonado de Jesús y su esposa, Jessica Morales Ruiz, quien tiene un puesto de carrera en la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) y estuvo, hasta el año pasado, por destaque en la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), han estado relacionados dediversas maneras con corporaciones y compañías de responsabilidad limitada para ofrecer distintos servicios, que incluyen la venta de carteras de lujo, las bienes raíces y energía.

Entre febrero y octubre de 2005, la pareja registró cuatro corporaciones: Malmor Enterprises, Sourcetek Inc., La Madeline Paris y Duo J&J, que luego cambió su nombre a Alpha Omega Development. Ninguna de ellas está activa actualmente.

En 2007, Maldonado de Jesús fue a trabajar en la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), de donde salió posteriormente. En 2009, creó la corporación profesional Maldonado Law Offices, que dio servicios de asesoría al exsenador Roberto Arango entre 2009 y 2011.

En mayo de 2011, cuando se aproximaba el año electoral de 2012, registró la corporación sin fines de lucro Stars N Stripes Statehood, con el propósito de realizar actividades a favor de la estadidad. Desde diciembre de ese año hasta noviembre de 2012, también dio asesoría legal a la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Jenniffer González, según detalla en su perfil de LinkedIn. González dijo recientemente que es madrina de una de las hijas de este exasesor de la Cámara, pero aseguró que no hablan desde el verano pasado.

En marzo de 2013, Maldonado de Jesús registró la compañía Premium Aggregates, y en mayo de 2016, Gem Investments LLC para el alquiler de bienes raíces.

Ambas compañías están activas, pero no fue posible determinar qué actividades llevan a cabo.

En 2017, Maldonado de Jesús fue a trabajar al DTOP y, al año siguiente, fue designado a dirigir la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM). En febrero del año pasado, renunció a esa entidad pública cuando trascendió que dejó varados a residentes de Vieques, al prestar una de las lanchas para llevar materiales para una boda privada en la isla municipio.

En su informe de cese de funciones correspondiente al 2018, presentado a la Oficina de Ética Gubernamental, Maldonado de Jesús reportó cero deudas y dijo tener activos de $264,318. La mayoría de esos bienes -$260,000- están bajo la categoría de muebles, enseres, arte y joyería. Su pecunio aumentó en $93,000 con relación a su informe a la OEG correspondiente al 2016. No reporta tener carro ni residencia propia bajo su nombre.

Para el 2019, registró la compañía de responsabilidad limitada Next Stage Solar, de la cual era presidente & CEO. No obstante, el 13 de abril de 2020, luego que se revelara la fallida compra de Apex, la compañía emitió una resolución en la que se dejó como presidente al abogado Fernando José Molini Vizcarrondo y al bufete Sánchez Pagán y Ferrer como agente residente, según consta en el registro de corporaciones del Departamento de Estado.

En julio de 2019, fue registrada la compañía Island Grown, para el cultivo de cannabis, en la que Maldonado de Jesús figura como su agente residente. El administrador es Juan Buso.

Beneficiado con incentivo

En tanto, Vázquez Hernández, además de 313 LLC, ha registrado este cuatrienio cuatro compañías distintas: Galaxy Games LLC, para dar servicios de consultoría en tecnología; Vertical Consulting, que daría servicios de consultoría y apoyo para negocios; Vertical LLC, para proveer servicios comerciales, financieros y de gestoría; y Vertical Management Group, para asesoría legal.

Esta última corporación recibió exenciones por tres años en el pago de contribuciones sobre ingresos, de patentes municipales y propiedad mueble, mediante un acuerdo con la Compañía de Comercio y Exportación (CCE).

El incentivo es parte de la Ley de Incentivos y Financiamiento para Jóvenes Empresarios, que otorga estos beneficios a personas entre los 16 y 35 años de edad, residentes en Puerto Rico. Vázquez Hernández confirmó la información y destacó que sus corporaciones no han tenido contratación gubernamental.



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