A solo horas de que se cumpla el plazo para que alcancen un acuerdo, la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) determinó allanarse a lo que decida la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre cómo pagar el dinero que dejaron de aportar al plan de salud del gobierno y al retiro tras la anulación de la Ley 29 de 2019.

“Insistimos en nuestra propuesta, pero, si no puede ser eso, pues obviamente acataremos la determinación de la Junta. Pero se presentará una moción informativa al Tribunal Federal, a través de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), de que siempre tuvimos la buena fe de buscar alternativas a esto, pero no ha habido espacio para la negociación”, afirmó el presidente de la Junta de Gobierno del CRIM, Javier Carrasquillo.

Al cierre de esta edición, la JSF no había emitido una comunicación oficial sobre su determinación y se limitó a decir que aún estaba evaluando la información sometida por el CRIM. El ente a cargo de las finanzas públicas, el gobierno y los municipios tienen hasta hoy para alcanzar un acuerdo sobre la Ley 29, luego que la jueza federal Laura Taylor Swain la declarara nula.

El director ejecutivo de la Aafaf, Omar Marrero, dijo que consultaron con los abogados de la JSF la posibilidad de pedir una extensión del plazo, alternativa que también dejó sobre la mesa la jueza Swain, pero declinaron esa opción.

El gobierno, junto con el CRIM, había presentado a la JSF su propuesta para que el Estado asumiera la deuda de los municipios por haber dejado de pagar la aportación al plan de salud y al retiro.

Pero la JSF rechazó esa posibilidad y les dio un nuevo escenario a los municipios. Debían pagar $198 millones que adeudan y, para ello, se usarían los $132 millones que el gobierno les tenía en transferencias, y los restantes $66 millones debían ser cubiertos con otras fuentes de ingreso que ellos identificaron.

Ayer, Carrasquillo insistió en que esos $132 millones eran necesarios para los municipios, sobre todo, porque la pandemia del COVID-19 ha agravado la crisis fiscal de los ayuntamientos.

Agregó que el CRIM acogió la propuesta de la JSF de usar el dinero que produzca la venta del porfolio de deudas no cobradas para pagar los $66 millones adeudados.

Aseguró que se ha mantenido la comunicación con la Junta Fiscal, pese a que no han dado su contestación.



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