Read Time:5 Minute, 52 Second



La flexibilización, a partir de hoy, del cierre comercial impuesto para manejar el COVID-19 llega acompañada de las preocupaciones de diversos sectores ante las interrogantes sobre la capacidad de respuesta que tendrán el gobierno y el sector privado para evitar un repunte en el número de contagios.

Justo al iniciar la semana en que el secretario de Salud, Lorenzo González, ha estimado que Puerto Rico reportará la cantidad pico de contagios, el llamado de los salubristas a la ciudadanía es permanecer en sus casas y evitar las salidas.

Mientras, expertos en derecho laboral y salud pública cuestionaron la capacidad del gobierno para hacer valer las directrices contenidas en la orden ejecutiva firmada el viernes por la gobernadora Wanda Vázquez Garced. No obstante, dieron sus recomendaciones para evitar que esta reapertura paulatina cause mayores problemas.

“Mi recomendación sigue siendo que la gente que se pueda quedar en su casa, se quede en su casa”, afirmó el doctor Carlos Rodríguez Díaz, profesor en la Escuela de Salud Pública de la Universidad George Washington.

“Es difícil, ya llevamos mucho tiempo en nuestras residencias con acceso limitado a gente que queremos y otras actividades que nos gustaría hacer, pero, ante la incertidumbre, es la única estrategia en la que podemos seguir confiando”, añadió.

En un intento por vigilar el cumplimiento con las directrices gubernamentales, la gobernadora anunció ayer la creación de un grupo de trabajo para inspeccionar los negocios y asegurar que cumplen con las medidas establecidas.

Ayer, el número de contagiados en Puerto Rico se elevó a 1,808 con el reporte de 51 casos únicos positivos adicionales.

El sábado, se sumaron 182 casos únicos positivos a COVID-19, la cifra más alta reportada por el Departamento de Salud en un solo día. Dos días antes, se reportaron 106 casos. Aunque los resultados de esas pruebas no suponen que todos los diagnósticos ocurrieron en un solo día, sí apuntan a que ocurrió un aumento de positivos, en lugar de un descenso.

La educadora y doctora en Epidemiología Idania Rodríguez Ayuso sostuvo que es indispensable que el Departamento de Salud publique datos específicos sobre los resultados del rastreo de los contactos que han tenido las personas diagnosticadas con COVID-19, así como la información del rastreo efectuado por municipios.

El bioestadístico Ángel Suárez advirtió que hay dos parámetros esenciales que tienen que cumplirse para evitar un repunte en los contagios con el novel coronavirus: la realización de pruebas y que se notifiquen con prontitud los resultados.

“Cuando se tomó la prueba, fue cuando la persona se sintió mal, se expuso… Si los resultados de esa persona me llegan cuatro días después, ya tengo ocho días de experiencia. Ese es el reto con el cual nos vamos a enfrentar mañana, que vamos a tener gente al lado de nosotros asintomáticas, gente a la que no han llegado sus resultados”, subrayó.

El profesor universitario abogó por la revisión de toda la información hasta ahora recopilada.

“Yo no quiero 50,000 pruebas si a mí lo que me da como estadístico para planificar y hacer la estrategia son los resultados por edad, por municipio…”, dijo.

A juicio de la doctora Ángeles Rodríguez, exepidemióloga del Estado, la decisión del gobierno de flexibilizar el cierre preventivo es prematura, luego de 14 días en los que, según los diagnósticos acumulados por fecha, hubo un aparente aumento de casos, en lugar de una disminución.

“No veo nada que me sugiera que ha cambiado nada. Lo único que había cambiado, hasta ahora, es que la gente estaba, no solamente distanciada, sino en ‘lockdown’ (cierre de emergencia)”, advirtió.

Tienen que hacer su parte

El abogado experto en derecho laboral Jaime Sanabria urgió al sector privado y al gobierno a promover el trabajo remoto, medida que abona al distanciamiento social y reduce significativamente el riesgo de contagio entre los empleados.

“Dentro de sus organizaciones, determine cuáles son las posiciones de trabajo que pueden hacerse remotamente y promueva que ese trabajo se continúe haciendo de esa forma, por lo menos, hasta que se consiga mayor certeza en cuanto al tratamiento y vacunas”, señaló.



Con relación a aquellas labores que no pueden realizarse a distancia, Sanabria indicó que el patrono debe asegurarse de cumplir con las cinco instrucciones básicas emitidas por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) a toda empresa para manejar la pandemia. Las primeras tres, explicó, son cómo eliminar el riesgo de contagio en el centro de trabajo, buscar la manera de sustituir el riesgo, e identificar qué materiales o barreras físicas puede desarrollar para proteger a los empleados, lo que se puede lograr, por ejemplo, con la ubicación de cabinas o cubículos plásticos.

OSHA también le requiere a toda empresa establecer controles administrativos y evaluar las áreas de trabajo. “Se pueden establecer distintos turnos de trabajo y, además, el patrono tiene que buscar la manera que se cumpla con el distanciamiento social”, detalló.

Por último, deber invertir en equipo y mecanismos de seguridad para los empleados.

Más fiscalización

Sanabria señaló que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos tiene limitaciones para asegurar que toda empresa que reanude operaciones hoy cumple con el requisito de autocertificación que exige la orden ejecutiva. Este documento recoge la información más importante de cada patrono y certifica que su plan de control de exposición a COVID-19 cumple con los requisitos mínimos.

Agregó que establecer ese plan de control de acción a tan corto tiempo puede ser oneroso para pequeñas empresas.

“Hay patronos pequeños o medianos que viven del cheque a cheque, y la imposición de un plan de contingencia de un día para otro pudieraafectar a estos patronos”, sostuvo.

La profesora Yolanda Cordero, quien dirigió la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico (UPR), agregó que el gobierno debe ser más transparente en informar si las agencias gubernamentales cuentan con planes de acción para velar por el cumplimiento de la orden ejecutiva.

“No he escuchado cuál es el plan para, precisamente, asegurar que lo que va a estar ocurriendo en la economía no pone en peligro la vida de la gente. Uno pensaría que la Policía, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Educación y todas las agencias del gobierno, a casi dos meses de la cuarentena, debería tener un plan para que los empleados que se reintegran al trabajo lo hagan de forma segura. Pero eso no lo he escuchado”, señaló.

Cuestionó, además, la capacidad gubernamental para establecer planes de inspección a los comercios del país.

Ayer, la secretaria del Trabajo, Briseida Torres, dijo que evaluarán el cumplimiento del requisito de autocertificación y si los planes de control de exposición al COVID-19 de cada patrono cumplen con los elementos esenciales. Sin embargo, no detalló cómo lo harán.

El suplido de material de protección es otro aspecto que debería ser analizado por el gobierno o, al menos, garantizarle a ese empleador la disponibilidad.

“Cómo el Departamento de Desarrollo Económico se asegura que toda esta gente tenga las condiciones de seguridad necesarias sin ponerse en riesgo”, dijo Cordero.



Source link

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Facebook Comments Box

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *