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El gobierno aspira a suspender, por dos años, el programa de recortes y de reformas fiscales que había adoptado anteriormente con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), indicó ayer el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero.

De igual forma, según Marrero, a la luz de las nuevas proyecciones macroeconómicas, el plan fiscal establece que Puerto Rico ya no tendrá los sobrantes que antes estimó para pagar a los bonistas, cifras que dieron pie al acuerdo con la Coalición de Deuda Legítima (CDL) y al consecuente plan de ajuste del gobierno central y cuya discusión, ahora, no se daría hasta julio próximo.

Esas dos premisas son la punta de lanza del plan fiscal revisado más reciente que la Aafaf ha preparado y que presentaría anoche a la JSF para cumplir con el plazo acordado, según Marrero.

El giro en la propuesta del gobierno se produce justo en el tercer aniversario de la petición de quiebra de Puerto Rico bajo el Título III de la ley federal Promesa.

Además, el cambio en la política pública del gobierno se produce mientras el territorio más endeudado, per cápita, en Estados Unidos apenas comienza la reconstrucción por los huracanes del 2017, lidia con una secuencia sísmica en el suroeste de la isla -con un nuevo temblor acontecido hace apenas dos días- y con la pandemia del coronavirus.

Sobre todo, se trata de la postura formal de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, sucesora de Ricardo Roselló Nevares y cuya visión de la gestión pública era bastante similar a la que impulsa la JSF.

La pandemia y el plan fiscal

“Ahora, el discurso de la austeridad ya no se sostiene ante lo que es, hay que decirlo, una proyección tétrica”, dijo el también representante del gobierno ante la JSF.

Marrero señaló que, en la primera versión del plan fiscal de este año, el gobierno incorporó el COVID-19 como un riesgo que debía contemplarse y anticipó que las reformas fiscales podrían postergarse.

Esa versión planteaba que las reformas fiscales, incluida la consolidación de agencias, implicaría ajustes por $2,243 millones entre los años fiscales 2020 al 2025, y el sobrante para pagar a los bonistas en ese lustro totalizaría alrededor de $5,300 millones.

Ahora, no solo los recortes en el gasto público se congelarían, sino que los presupuestos de salud, seguridad yeducación verán aumentos, anticipó Marrero.

Ante la falta de certidumbre en torno al manejo del COVID-19 en la isla, el plan fiscal parte de la premisa de que Puerto Rico permanecerá bajo un toque de queda en el futuro previsible y en un plan de reanudación económica que está lejos de normalizarse, dijo Marrero.

“Seguimos comprometidos con terminar el proceso de quiebra porque es la decisión más importante que tiene que tomarse, pero eso va a tener que ser según esta nueva realidad”, agregó.

Según el funcionario, al examinar la drástica caídaen la fuerza trabajadora activa desde el inicio del encierro, el freno a múltiples actividades comerciales y la presión para lidiar con una pandemia que todavía no se entiende, el gobierno anticipa que los motores económicos no tendrán suficiente poder para generar la riqueza -y por ende, los recaudos fiscales- que antes se estimaban.

Datos compilados por la Reserva Federal de St. Louis establecen que, entre las semanas del 21 de marzo al 18 de abril pasado, habida cuenta que el encierro paralizó alrededor de dos terceras partes de la economía, se radicaron unas 200,652 reclamaciones de desempleo.

Según las nuevas proyecciones en el plan fiscal, durante el año fiscal en curso, el producto nacional bruto (PNB) caería 3.6% frente a la previsión inicial de 0.2% que estimó la Aafaf antes que la pandemia llevara a Puerto Rico a uno de los programas de encierro y distanciamiento social más estrictos que se hayan impuesto en Estados Unidos y otros países.

En el siguiente año fiscal, que se considera de transición por el proceso eleccionario, el PNB se contraería en 7.8%, versus una baja de -1.5%.

Parte del colapso económico proyectado responde a la caída del empleo, pero también al disloque de ciertos sectores económicos como el turismo. En ese solo caso, Marrero explicó que las proyecciones apuntan a que esa actividad podría mostrar una caída de hasta 50% en el año fiscal 2021.

Las previsiones económicas, dijo Marrero, contemplan la inyección de fondos federales que vería Puerto Rico como resultado del coronavirus: unos $12,700 millones.

Nuevo terreno con la JSF

Si bien la JSF ha planteado que prevenir el avance del COVID-19 en Puerto Rico debe ser la prioridad, la propuesta de la Aafaf tendría -de entrada- múltiples efectos en las decisiones del ente fiscal.

Hasta la fecha, pese a los huracanes y los terremotos, la JSF insistía en dar continuidad a las reformas fiscales. En marzo pasado, en contraste, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, indicó a este diario que la pandemia obligaba a revisar todo el plan fiscal, lo que implicaría reexaminar los acuerdos pactados con los diversos grupos de acreedores.

El viernes pasado, la JSF solicitó a la jueza federal que atiende los casos de Título III, Laura Taylor Swain, posponer la declaración informativa del plan fiscal hasta mediados de julio.

Pero, a su vez, la postergación de las reformas fiscales y la incertidumbre en torno al futuro de las arcas gubernamentales alejarían la salida de la JSF, según lo estipulado en Promesa.

“Hay que repensar la ruta de la reestructuración”, sostuvo Marrero.

Sin proveer copia del documento, pues todavía se afinaba, Marrero anticipó que -tras la anulación de la Ley 29 por parte del tribunal- el plan fiscal contempla asignar fondos para financiar a los municipios por espacio de dos años, para cubrir las aportaciones al pago de pensiones bajo el sistema “PayGo” y la reforma de salud.

Además, el plan fiscal mantiene la reserva de $1,000 millones para financiar los proyectos de reconstrucción post-María y el programa de seguros paramétricos requerido por el gobierno federal ante la posibilidad de más desastres naturales.



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