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Un proyecto desarrollado por la firma de consultoría Estudios Técnicos reveló que, en los próximos dos años, y como consecuencia de las implicaciones por el COVID-19, las organizaciones comunitarias de impacto social y económico en la isla podrían enfrentar una merma en sus ingresos de entre $241 millones y $483 millones, lo que limitaría significativamente su capacidad de proveer servicios.

Un golpe de esta magnitud sobre un sector que, por los pasados años, ha asumido un papel protagónico en la recuperación del país tras la crisis provocada por el huracán María y, posteriormente, los terremotos que impactaron la zona sur de Puerto Rico, tendrá consecuencias nefastas para las poblaciones más vulnerables.

“Si no aseguramos la estabilidad de estas organizaciones para que puedan retener los empleados y puedan continuar proveyendo los servicios y protecciones durante esta pandemia, que todavía no sabemos cómo o cuándo vamos a terminar saliendo de ella, puede que nos encontremos con un sector debilitado”, advirtió María “Baby” Jaunarena, directora ejecutiva de la Fundación Colibrí.

Este revelador dato es uno de los hallazgos del proyecto de protección y respuesta que comisionó el tercer sector a la firma de consultoría para procurar la estabilidad de los servicios esenciales a las poblaciones más vulnerables en el contexto del COVID-19.

La propuesta -que contó con la colaboración de más 40 entidades representativas del sector- busca, entre otros objetivos, la asignación de $334,169,539 para articular una respuesta integrada de colaboración con el gobierno dirigida a atender algunas de las áreas más apremiantes que están surgiendo en la emergencia.

Buscan, además, contar con mecanismos de protección de los empleados en este sector, que se estiman en más de 150,000, y asegurar que se continúen brindando servicios a una población que ya ha sido altamente impactada por la situación social y económica que enfrenta elpaís hace más de una década.

“Esta es la única propuesta que nosotros sabemos de reactivación económica que tiene dos finalidades: activar la economía y proteger a las personas que más afectadas se van a ver”, detalló Eduardo Carrera, presidente de Boys and Girls Club.

Carrera sostuvo que es fundamental que, al articular la estrategia de recuperación, se entienda que las organizaciones sin fines de lucro son parte de la infraestructura que tiene el estado a su disposición para enfrentar la pandemia y mitigar sus efectos. Su efectividad, sin embargo, requerirá proteger el sector para mantener la sustentabilidad de sus operaciones.

Anitza María Cox, de Estudios Técnicos, explicó que el tercer sector en Puerto Rico está integrado por unas 14,000 entidades. Dentro de este grupo, está el subsector de las organizaciones comunitarias de impacto social y económico -en las que se enfocó el estudio- que ascienden a 5,700.

Se trata de entidades de impacto directo que están incorporadas como corporaciones sin fines de lucro, tienen exención local y federal y mantienen o tienen la capacidad de establecer relación con el Estado para proveer servicios a través de subvenciones o contratos.

Qué proponen

El llamado del sector incluido en el documento es a financiar los sobre $334 millones requeridos a través del Cares Act.

Junto a los recursos del Cares Act, el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) han permitido el uso del fondo de reserva de emergencia, que tiene un capital adicional que también podría usarse para financiar parte o la totalidad de los proyectos, dijo Carrera.

“Entendemos que el país tiene, en estos momentos, los recursos necesarios para financiarla (la propuesta), es un asunto de prioridades… el Estado Libre Asociado tiene, a su discreción, una cantidad de fondos a través del Cares Act de $2,2oo millones”, sostuvo Carrera.

El tercer sector forma parte de los recipientes del Cares Act. Sin embargo, en la isla, contrario a Estados Unidos, no todas las organizaciones sin fines de lucro tienen una exención contributiva federal (501c3), lo que impide su participación directa en los programas bajo la ley de estímulo económico.

Carrera explicó que, ante estas limitaciones, proponen que haya unos intermediarios que, en este caso, serían organizaciones y fundaciones en Puerto Rico que tienen la capacidad para contratar con el gobierno, que pueden absorber capital y cuentan con experiencia distribuyendo y monitoreando fondos.

Sugieren específicamente que esta responsabilidad recaiga en Fondos Unidos de Puerto Rico, Fundación Comunitaria, Hispanic Federation y Puerto Rico Science, Technology & Research Trust. “La propuesta es que, a través de estos intermediarios, podamos crear y manejar los programas que estamos proponiendo. Y que hagan el proceso de medición de resultados y accountability”, abundó.

La propuesta incluye iniciativas para garantizar y promover siete áreas de impacto comunitario: seguridad, vivienda, salud física y mental, seguridad alimentaria, protección de empleos y apoyo a personas desplazadas, educación y protección de servicios.

“Si no protegemos a un grupo importante de ese safety net, que son las organizaciones sin fines de lucro, lo que pasaría es que la presión en los recursos y los programas que tiene el gobierno sería tan desproporcional que, básicamente, lo que estaríamos diciendo es que ese safety net completo pudiese colapsar y eso tiene un costo humano”, sostuvo Carrero.

Dijo que, hace más de una semana, le enviaron una circular a la gobernadora Wanda Vázquez Garced dejándole saber sobre el esfuerzo. El jueves pasado, se reunirían con Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf). También, solicitaron una reunión con la JSF.

Comienzan a sentir los efectos

Beatriz Polhamus, presidenta de la Junta de Directores de Filantropía Puerto Rico, mencionó que muchas organizaciones sin fines de lucro ya han visto reducidas las reservas que tenían para asumir los gastos imprevistos a causa de la pandemia.

“Ya están necesitando fondos adicionales y asegurar fondos que ya han sido prometidos y contratados para poder cumplir con sus empleados y con sus consultores, los servicios profesionales”, explicó.

Agregó que algunas han solicitado fondos para ir desarrollando programas de educación a distancia. “Ya todas las organizaciones se están empezando a mover y están necesitando de más fondos”, dijo.

José Luis Díaz Cotto, quien por 17 años fue el principal oficial ejecutivo de los Centros Sor Isolina Ferré, señaló que debe promoverse una flexibilidad en los contratos de algunas entidades para dar servicios con el gobierno, ya que las circunstancias actuales limitan su alcance.

“Son bien restrictivos en el sentido de que establecen la metodología que tú vas a utilizar, las condiciones… y no están necesariamente adaptados a servir bajo una situación de emergencia como esta. Hay organizaciones que han tenido que pedir autorización para dar el servicio de forma distinta y no tienen seguridad de que le van a reembolsar los gastos”, abundó.

Por eso, destacó la importancia del área de protección de servicios incluida en la propuesta, ya que les permitiría a las entidades continuar atendiendo la población, independientemente si el gobierno reembolsa o no la inversión.

Jaunarena indicó que usualmente los fondos más “flexibles” son los filantrópicos. No obstante, este tipo de ayuda -contrario a otras emergencias- se ha reducido, principalmente porque se trata de ayuda que llega del exterior y el impacto del COVID-19 ha sido a nivel mundial. “Sabemos que no vamos a dar abasto y, entonces, tenemos que a salir, a asegurarnos que el gobierno entiende eso porque también el gobierno está acostumbrado a que respondemos”, expuso.

Igualmente, Jaunarena sostuvo que ya se está reflejando un alza en la demanda de los servicios, la cual incrementará con el paso de las semanas. “Esta pandemia ha creado una nueva ola de personas con necesidades que antes no dependían de este tipo de servicios. Era el trabajador pobre que vive y paga sus cosas y no depende de este servicios, pero es una nueva población que está buscando estos servicios”, advirtió.



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