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El plan de la gobernadora Wanda Vázquez Garced para reabrir la economía y levantar los cierres forzosos implica un enorme riesgo porque apuesta a que los contagios de COVID-19 se van a mantener estables y a que el gobierno tiene la capacidad de detectar a tiempo si se salen de control, coincidieron ayer expertos en epidemiología.

Si la administración de pruebas diagnósticas continúa con rezagos, los brotes que surjan probablemente no se detectarán hasta que haya una escalada en la cantidad de pacientes en las salas de emergencia. Para ese entonces, podría ser tarde puesto que desde que ocurre una infección hasta que las personas llegan a los hospitales suelen transcurrir entre dos y tres semanas.

“La gobernadora y el secretario (de Salud, Lorenzo González Feliciano) están apostando a que reabriendo paulatinamente no se descontrole la pandemia. Pero, sin datos fiables sobre la pandemia, es solo eso, una apuesta. El mayor riesgo es que no sepamos, por las malas estadísticas, cuando se descontrole la cosa antes de que se llenen los hospitales. Esa es la preocupación”, explicó el epidemiólogo José Becerra.

Entiendo que las decisiones que se toman con información incompleta pueden estar equivocadas. La mejor manera de tomar una decisión es con información y aquí no la tenemos. Si hicieron las cosas bien al inicio, ahora por qué lo van a dañar. No tiene sentido. Tal vez, es que como no han visto los cadáveres pasando no entienden el riesgo”, comentó, Ángeles Rodríguez, exepidemióloga del Estado.

Originalmente, la recomendación del grupo asesor médico de la gobernadora proponía una reapertura mucho más paulatina, que se extendía hasta otoño para las actividades con mayor riesgo, como las escuelas.

La gobernadora, sin embargo, propone una agenda mucho más agresiva, parecida a la impulsada por los empresarios representados en el grupo de asesor económico. Del mismo modo, la reapertura está pautada para comenzar antes del momento pico en los contagios que ha estimado el Departamento de Salud.

Es decir, según las proyecciones del propio gobierno, la cuarentena -que ha prevenido que, en la isla, se repitan escenarios dantescos como los vistos en Nueva York o Italia- se comenzará a flexibilizar cuando no ha pasado lo peor en los contagios. El mismo jueves se reportó el segundo pico con más de 100 pruebas positivas de COVID-19.

“A mí, me da vergüenza ajena con los empresarios que proponen esta reapertura porque están empujando un discurso e influenciando con una ciencia fatula para que se hagan unas cosas que saben que no va a funcionar”, dijo Rodríguez.

“Lo lógico es que comenzara después del 8 de mayo. El período de reapertura de dos a cuatro semanas debió ser con más espacio entre una apertura y otra (fase) para dar más tiempo a darnos cuenta de cualquier error en el progreso de la enfermedad”, expresó, por su parte, el expresidente del Colegio de Médicos Cirujanos Eduardo Ibarra.

Todos se mostraron a favor de la reapertura, y sus objeciones tienen que ver con los detalles específicos anunciados, el jueves, por la gobernadora.

Los cuestionamientos también se repetían en otras esferas. La economista Heidie Calero, por ejemplo, indicó que una mejoría en el manejo de las pruebas diagnósticas, la identificación de contagiados, el rastreo de los expuestos y los sistemas informáticos que lo apoyan es lo que más estabilidad podría darle a una reapertura económica.

Calero recordó que, si los contagios resurgen, se tendría que comenzar nuevamente con un proceso de cuarentena, lo que tendría consecuencias aún peores.

Estamos abriendo la economía rápidamente y sin saber bien lo que está pasando. Aquí, la pregunta no es si tenemos que reabrir la economía. Todos quieren reabrir, pero tiene que hacerse con pruebas, con medidas de prevención, con un buen sistema de rastreo. Aquí, hay muchas preguntas que necesitan contestaciones. Si partimos de una base de información defectuosa, el resultado puede ser defectuoso a menos que hayan arreglado ya el sistema, pero eso no se ha mostrado”, dijo Calero, al reconocer los enormes retos que la situación representa para los empresarios y los trabajadores desplazados.

El economista Gustavo Vélez, por su parte, indicó que lo positivo es que ya el cierre no se está planteando como una medida indefinida. Se expresó, sin embargo, temeroso por la cuestionada capacidad del gobierno en detectar rápidamente un aumento en los contagios.

“Un rebote en los contagios puede provocar un cierre completo de nuevo y el efecto económico puede ser más grande. Es un dilema. El sector privado necesita trabajar, necesita los ingresos, pero no hay claridad en el número de pruebas ni el monitoreo”, dijo Vélez, quien favorece la reapertura, aunque teme a las ejecutorias del gobierno manejando la amenaza del COVID-19 con un retorno a las funciones.



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