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Desde hace seis meses, María no puede pagar la renta del apartamento en el que reside en San Juan.

En verano, la mujer de 60 años -a quien protegemos su verdadera identidad- fue sometida a una operación tras ser diagnosticada con cáncer de seno. Desde entonces, tuvo que dejar de trabajar, quedándose sin ingresos. Por un tiempo, contó, vendió aguacates, pero tras declararse la pandemia tuvo que dejar la actividad.

“Eso es lo que me tiene la cabeza bien mala, pero na’, Dios provee. Yo estoy agarrada de Dios”, compartió la mujer.

María llegó a Puerto Rico de la República Dominicana hace 16 años. Desde su arribo, ha trabajado en la limpieza de hogares y en el cuidado de ancianos. No tiene otros ingresos, tampoco cuenta con plan médico y su estatus migratorio no está definido. A este panorama, se sumó la pandemia que intensificó su nivel de inestabilidad ante el temor de que pueda ser desalojada.

Contó que la propietaria de la vivienda -por la que paga una mensualidad de $300- ha sido comprensiva ante su cuadro clínico. Pero la incertidumbre la invade.

Hace unos días, la Casa de Ayuda al Inmigrante le dio un cheque de $100 para la compra de alimentos. Su tratamiento médico -incluyendo la cirugía, medicamentos y terapias- han sido costeados por el Comité Pro-Pacientes Inmigrantes con Cáncer, entidad adscrita al Hospital Oncológico en el Centro Médico, desde donde se les ofrecen servicios de salud a los pacientes.

La catedrática Ana Marchena, presidenta de la organización desde 2016, dijo que, ahora mismo, están costeando el tratamiento de 22 pacientes de diferentes nacionalidades, la mayoría dominicanos. “El paciente no tiene que pagar nada. La deuda la contraemos nosotros”, comentó.

Durante este período bajo cuarentena, dijo, han tenido que ayudar a tres pacientes en el pago de la renta para evitar posibles desalojos. Otros tantos han recibido dinero para alimentos. “Los caseros empezaron a hacer presiones y nos hacen acercamientos para ver de qué manera podemos ayudarlos… empezamos a ver que, realmente, tenemos que atender el caso no como uno de salud, sino social”, relató Marchena.

La falta de vivienda y las precarias condiciones en que viven muchos inmigrantes, recordó, se descubrió tras el paso del huracán María y, aunque se normalizó, se volvió a activar bajo la pandemia en la que se han vuelto a ver imposibilitados de trabajar. “No pueden limpiar casas o trabajar en la construcción. Estas personas no reciben cupones, no reciben nada. ¿Cómo vive la gente así? De la misericordia, de la solidaridad y tocando puertas”, sostuvo.

Dijo que el impacto lo reciben también los inmigrantes que han logrado obtener la residencia. La nueva Ley de Inmigración impuesta por la administración de Donald Trump amplió a cinco años el término transcurrido desde la obtención de la residencia para que puedan solicitar ayudas gubernamentales. “Tengo una paciente, una madre de 41 años, estudiando masaje terapéutico, con cáncer de ovario y no cualifica para la reforma”, señaló.

Marchena aseguró que, en Puerto Rico, hay entre 80,000 y 90,000 inmigrantes que viven en condiciones deplorables.

Exigen acción

Desde el impacto del huracán María, la organización Ayuda Legal Puerto Rico ha reclamado al gobierno el desarrollo de una política pública que atienda el problema de vivienda. Más recientemente, han reforzado el llamado centrado en la urgencia de que se otorgue asistencia económica para el alquiler de vivienda privada, reclamo que -al momento- no ha tenido cabida.

Tras la declaración de la pandemia, han habido varios esfuerzos locales y federales. La ley Cares estableció moratorias en desahucios por incumplimiento en el pago de renta para los residentes de vivienda pública y de cualquier otro programa financiado por Vivienda Federal (HUD) hasta el próximo 24 de julio y la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (Odsec) aprobó una prórroga en los pagos de rentas e hipotecas del Programa de Comunidades Especiales hasta que concluyan los esfuerzos para contener la propagación del virus.

Las instituciones financieras locales, por su parte, también han emitido moratorias hipotecarias tras la aprobación de legislación local. En el caso de las hipotecas garantizadas por el gobierno federal, el juez Gustavo A. Gelpí, presidente de la corte de distrito federal de Puerto Rico, emitió una orden que paraliza los procesos de desahucio en caso de ejecución hipotecaria hasta el 30 de mayo.

Mientras, los residentes que viven alquilados están y siguen desprotegidos.

La directora ejecutiva de Ayuda Legal, Ariadna Godreau aclaró, además, que en Puerto Rico no hay ordenanza ejecutiva que evite los desahucios. “La única razón que está impidiendo que los tribunales actúen es que están cerrados y emitieron una directriz, a través de un folleto ejecutivo, que los desahucios ni las ejecuciones se pueden atender por videoconferencia”, señaló la abogada.

En los tribunales, según información oficial, están pendientes 1,224 casos por desahucio, siendo la región de Caguas la de mayor cantidad con 317 casos, seguida por Bayamón y San Juan.

“El tribunal ha dicho que no va a señalar vistas de desahucios en Puerto Rico, pero nada impide que a través del sistema electrónico se presente la petición… y que se canalice. Ciertamente, hay una ventana bien grande de vulnerabilidad, sobre todo para las personas que alquilan”, agregó la también abogada Verónica Rivera Torres.

Ambas reclamaron que se adopten medidas similares a las emitidas por el Tribunal Federal.

Rivera Torres dijo que, en las últimas semanas, ha percibido un aumento en el nivel de intimidación de arrendadores, según testimonio de personas que se han comunicado para orientación. Sostuvo que esta conducta es “ilegal”, y recordó que nadie puede intentar sacar de la vivienda a una persona sin que mediede una orden judicial.

Exigieron, igualmente, la otorgación de asistencia de alquiler para balancear así el interés del arrendador. “Se necesita mucho más, se necesita una expresión de la gobernadora (Wanda Vázquez Garced) para que establezca una moratoria en desahucios”, dijo sobre los reclamos que fueron incluidos en dos cartas enviadas a la primera ejecutiva del país.

Como parte de un acuerdo colaborativo, Ayuda Legal y el Consulado General de la República Dominicana en la isla lanzaron, la semana pasada, la campaña educativa “Derechos en Pandemia”, creada por estudiantes de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para orientar a la comunidad inmigrante en medio de la emergencia por el COVID-19.

“La crisis de vivienda es como una bola de nieve porque no se desarrolló una política comprensiva de vivienda y habitabilidad”, subrayó Godreau.

Se ajustan a la realidad del país

En el caso de los residentes de en complejos de la Administración de Vivienda Pública (AVP), no solo ha quedado suspendido cualquier caso de desahucio por directriz federal, sino que se canceló el cobro de la renta ante la realidad de que muchas personas han perdido sus empleos o han visto disminuidos sus ingresos. En AVP, hay 263 casos de desahucios pendientes.

El administrador de la AVP, William Rodríguez, indicó que trabajan en el desarrollo de una plataforma para que los residentes que así lo deseen puedan emitir el pago de la renta. No obstante, dijo, que una vez se levanten las dispensas, van a realizar ajustes en las mensualidades de las personas que hayan sufrido pérdida en sus ingresos y establecerán planes de pago. “Durante este período, no se cobran cargos por mora ni otras penalidades”, dijo Rodríguez.

El pago de renta en los residenciales públicos fluctúa entre los $25 y $700, aunque hay un beneficio de renta negativa.

Rodríguez aclaró que la moratoria no implica que no puedan iniciar casos de desahucios contra residentes que incumplan con el contrato poniendo en riesgo la vida y seguridad de sus vecinos o cometer algún tipo de delito o actividad criminal dentro del complejo.



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