Aunque todavía hay espacio para mejorar la respuesta de emergencia, la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, indicó que Puerto Rico se ha movido de manera más asertiva en el manejo del COVID-19 que otros estados de los Estados Unidos, al tiempo que indicó que, ante el nuevo escenario que vive el mundo, el organismo federal se propone revisar el plan fiscal en su totalidad.

Sobre todo, dijo Jaresko, la JSF buscará colocar al tope de la lista los cambios que debe sufrir el sistema de salud de la isla, una agenda que de haberse puesto en vigor desde el principio, tal vez habría servido para responder mejor a la crisis de salubridad actual.

Según Jaresko, en parte, esa respuesta más asertiva está relacionada a las medidas que la JSF ha venido imponiendo desde hace casi tres años para fortalecer el estado de las finanzas públicas.

Jaresko, dijo en el otro lado y por el momento, continuarán con el plan de reestructuración que se ha encaminado y que si bien hay sobre $18,000 millones en las cuentas bancarias del gobierno, más de la mitad de ese dinero está comprometido o es restricto, incluso para los propios residentes de Puerto Rico.

“Se ha hecho mucho en corto tiempo. En comparación con otros estados, pienso que Puerto Rico, incluso, ha ido más lejos. No conozco de ninguna otra jurisdicción que haya reducido el impuesto al consumo en productos de salud y la exención sobre alimentos preparados. Tomando ambas cosas, eso provee un apoyo de unos $33 millones”, dijo Jaresko haciendo referencia al pedido que hizo la administración de Wanda Vázquez Garced a la JSF para ajustar el Impuesto a la Venta y Uso (IVU) como contrapeso a la crisis que ha creado la pandemia del COVID-19.

“En los pasados años, se ha logrado mucho en lo financiero… Puerto Rico está mejor en términos fiscales”, dijo Jaresko al agregar que los ajustes implementados también han servido bien a esta coyuntura.

La semana pasada, antes de que Vázquez Garced decretara el cierre de comercios y un toque de queda de dos semanas para atajar la propagación de la pandemia que ya supera 200,000 casos de contagiados en todo el mundo, la JSF también aprobó dos pedidos de ayuda por parte del gobierno.

El primero fue una asignación de $5 millones de la Reserva de Emergencia para fines de preparación a la epidemia.

La segunda petición aprobada por la JSF fue utilizar el dinero restante en esa misma partida -unos $160 millones- para tratar y controlar la pandemia en la isla.

Esa cifra es, por mucho, los $5 millones que aprobó Alabama para ayudar a su sistema de salud ante la pandemia; los $20 millones que solicitó el gobernador de California para el mismo fin o los $25 millones aprobados por la legislatura del estado de la Florida. Nueva York ha designado unos $40 millones para atajar el COVID-19 y el estado de Georgia solicitó unos $100 millones. Ello, según datos de la Asociación Nacional de Oficiales de Presupuesto (Nasbo, en inglés).



La reserva de emergencia

Hace casi tres años, cuando la JSF, aprobó el primer plan fiscal, se determinó que el gobierno debía contar con una Reserva de Emergencia dentro del presupuesto que solo se utilizaría para ese propósito. La partida debe recibir una inyección anual de unos $130 millones.

Esa alcancía fue la que utilizó el gobierno para atender la emergencia de los terremotos y la que ahora tiene a su alcance, sostuvo Jaresko.

A la fecha y según los informes enviados a la JSF, la administración de Vázquez Garced ha utilizado unos $6.7 millones para enfrentar la plaga del coronavirus. El dinero se ha utilizado en educación, medidas preventivas, compra de suplidos y equipos para hospitales.

Jaresko indicó que los recursos estatales podrán combinarse con el apoyo que llegaría desde el gobierno federal.

El Nuevo Día cuestionó a Jaresko por qué no utilizar más recursos para paliar los efectos económicos de la pandemia en la isla cuando el gobierno mantiene sobre $9,000 millones en su cuenta principal.

Considerando otras partidas como aquellas de corporaciones públicas, el gobierno y sus instrumentalidades tienen unos $18,500 millones acumulados.

Pero según Jaresko, la mayor parte de ese dinero está restricto.

En esencia, el dinero está comprometido o restricto porque está sujeto a lo que sucederá con la reestructuración de la deuda bajo el Título III de Promesa.

Solo el plan de ajuste propuesto en el tribunal, explicó Jaresko, compromete unos $4,500 millones y ese dinero incluye el fideicomiso para pagar las pensiones, la restitución de las aportaciones de los empleados públicos bajo el Sistema 2000.

“Solo para que el gobierno continúe moviéndose y fluyendo se necesitan $2,000 millones de capital operacional al año”, dijo Jaresko.

Lastre en salud

Donde Jaresko anticipa que sí habrá cambios será en las nuevas proyecciones del plan fiscal.

“Estamos mirando todo en este mismo momento. Siempre hacemos una revisión, es lo que hacemos siempre, pero necesitamos actualizar el plan para esta nueva realidad que tiene Puerto Rico y el mundo entero para darle el apoyo que necesita la gente de Puerto Rico y asegurar que los recursos estén disponibles”, dijo Jaresko.

En ese ejercicio, agregó la funcionaria, lasestrategias dirigidas a modificar la prestación de servicios de salud en Puerto Rico serán una prioridad. Según Jaresko, aunque a nivel mundial hay una situación de escasez de equipos de salud por el coronavirus, el plan fiscal contiene diversas estrategias para fortalecer la administración del sistema y evitar la fragmentación que existe en la actualidad, pero nada de ello se había implementado.

“Vamos a estar revisando el plan fiscal y eso estará en el tope de la lista”, dijo Jaresko.



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