La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) envió ayer una carta al presidente de Donald Trump, y a los líderes del Senado y el Congreso de Estados Unidos, Mitchell McConnell y Nancy Pelosi, respectivamente, en la que indica que Puerto Rico podría ser parte de las soluciones que considere la primera economía del mundo para fortalecer su cadena logística y la seguridad nacional.

La misiva, suscrita por el presidente del organismo, José B. Carrión, y a la que tuvo acceso este diario, surge en momentos en que el New York Post y la revista Forbes reseñan que, ahora que Estados Unidos experimenta una crisis de suministros médicos por la pandemia del COVID-19, debería fortalecerse la seguridad nacional. Ello podría hacerse, según las publicaciones, fortaleciendo a Puerto Rico como plaza de manufactura de medicamentos y dispositivos médicos, un rol que tenía la isla durante la vigencia de la sección 936 del Código de Rentas Internas federal. Esa reinserción, alegan los escritos, evitaría la dependencia de Estados Unidos en medicamentos manufacturados en la China.

«Un centro de excelencia»

En su carta, Carrión plantea que parte del mandato otorgado por el Congreso a la JSF, incluye apoyar a la isla en iniciativas que contribuyan al crecimiento y estabilidad económica; solicita que se considere a Puerto Rico cuando el gobierno federal haga ajustes a su política pública en materia de seguridad nacional y añade que la isla estaría lista para hacer su parte.

“Si los gestores de política pública consideran acciones que requieran aumentar la manufactura en Estados Unidos, la (JSF) cree firmemente que Puerto Rico puede ser un centro de excelencia dentro de la nación y jugar un papel de liderato en la cartera nacional de localizaciones a donde se relocalice la manufactura”, dijo Carrión.

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En la misiva, Carrión destaca que, a lo largo del tiempo, Puerto Rico ha sido un centro de manufactura de fármacos y dispositivos médicos. Haciéndose referencia de un análisis de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, en inglés), el empresario -quien respalda la reelección del presidente- subraya que el 8% del gasto de los estadounidenses en productos farmacéuticos corresponde a fármacos manufacturados en la isla.

Expone, de igual forma, que la isla ya cuenta con infraestructura física, capital humano y procesos reglamentarios ya establecidos para hacerlo posible.

“Reconocemos que podría haber necesidad de discutir un número de consideraciones de política. Si los gestores de política pública consideran acciones para requerir manufactura adicional en los Estados Unidos, nosotros respetuosamente alentamos un diálogo proactivo entre el gobierno de Puerto Rico y los gestores de política pública federal para encontrar soluciones mutuamente aceptables para estos asuntos”, reza la carta de Carrión.

La sección 936

A preguntas de El Nuevo Día en torno a la misiva, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, explicó que Puerto Rico podría jugar un papel muy importante en la cadena logística estadounidense, habida cuenta la experiencia acumulada, y que la carta buscaba dejar ante la consideración del presidente Trump y del liderato en el Senado y Congreso federal, que Puerto Rico pueda ser incluido en la lista de posibilidades. Ello, cuando Estados Unidos tome nuevas decisiones para fortalecer su economía y la seguridad de personas y empresas ante el disloque de suministros y materias primas que ha provocado la pandemia del coronavirus.

Puerto Rico perdió buena parte de su influencia como eje de producción industrial en las últimas décadas del siglo pasado, a medida que los tratamientos contributivos federales fueron modificados por el gobierno estadounidense y se puso fin a la sección 936 del Código de Rentas Internas federal.

La sección 936 -que entre otras cosas, liberaba a las multinacionales estadounidenses del pago de impuestos federales por sus operaciones en Puerto Rico y por depositar sus ingresos en el sector bancario local- llegó a su fin en el 2006, pero el gobierno territorial no tomó medidas asertivas para hacer contrapeso al cambio de política federal.

Con el fin del tratamiento especial, Puerto Rico -como plaza de negocios- quedó en competencia directa con países como Irlanda y regiones como Asia, donde el régimen tributario solía ser más bajo relativamente hablando.

Si bien por número de empleos, el sector industrial se ha achicado casi a la mitad (para 1993, el sector empleaba unas 165,000 personas) la isla continúa siendo un eje de producción farmacéutica y al presente, sobre una decena de los fármacos más vendidos en el mundo, se fabrican o se producen parcialmente en Puerto Rico.

El exgobernador y ahora aspirante a la comisaría residente, Aníbal Acevedo Vilá, propuso esta semana reducir la tasa especial que se creó bajo la reforma contributiva de 2017 y que estableció un impuesto para las multinacionales que utilizan su propiedad intelectual fuera de territorio estadounidense. La tasa -que ronda un 13% y se ha dado a conocer como el «Gilti tax»– aplica a las operaciones en Puerto Rico.

A preguntas de El Nuevo Día en torno a la posibilidad de resucitar algún tratamiento contributivo como la 936 para beneficiar a la isla, Jaresko sostuvo que esa posibilidad no podría ser factible dentro de la reforma contributiva federal aprobada hace dos años.

Manifestó, de igual forma, que ahora que el liderato federal lidia con la emergencia del COVID-19 es poco probable que puedan discutirse temas contributivos.

Empero, la ejecutiva sostuvo que era importante hacer constar en la capital federal que se tome a Puerto Rico en cuenta en toda acción que Estados Unidos encamine y que esté dirigida a que sus multinacionales trasladen sus operaciones de manufactura a nivel internacional a suelo estadounidense.



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