La representación legal de los demandantes en el pleito de clase Rosa Lydia Vélez solicitaron al tribunal que se cite una vista judicial “a la mayor brevedad posible” para evaluar el recorte que el Departamento de Educación prevé imponer a las partidas para el pago de ciertas terapias a niños de Educación Especial.

En una moción presentada ante el Tribunal Superior de San Juan, los abogados indicaron que el propuesto recorte de unos $18 millones para los servicios que se contratan mediante el recurso que se conoce como remedio provisional violenta la sentencia por estipulación firmada en 2002.

“Una reducción de $18 millones en el presupuesto asignado a remedio provisional, equivalente al 47% del presupuesto vigente para dicha área, significará que se verán afectados, de manera irremediable, los servicios necesarios e indispensables que reciben miles de estudiantes”, se lee en la moción, radicada el 6 de marzo.

La sentencia por estipulación establece que cualquier reducción en los recursos para los niños con impedimentos o condiciones de salud tiene que ser notificada a los representantes de los demandantes. Asimismo, el gobierno se comprometió con garantizar “la obtención anual de los recursos fiscales” necesarios para el programa de Educación Especial.

A finales de febrero, el secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, informó en entrevista con este diario que se proyecta reducir el presupuesto de remedio provisional para el próximo año fiscal, de $38 millones a $20 millones.

El remedio provisional fue creado por directriz del tribunal como parte del pleito de clase. A través de ese mecanismo extraordinario, los padres o encargados contratan a proveedores para atender a los estudiantes cuando Educación reconoce que no puede brindarles los servicios que necesitan mediante las corporaciones o especialistas que tiene contratados.

Hernández Pérez argumentó que los $18 millones que saldrán de remedio provisional pasarían a la Secretaría Asociada de Educación Especial.

Además de la celebración de la vista, los abogados de la clase solicitan que Educación entregue copia de un estudio realizado por la firma Estudios Técnicos sobre las tarifas que se pagan a los proveedores de terapias y evaluaciones.



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