El presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal, el demócrata Raúl Grijalva, promoverá una “conversación” y una audiencia pública en el Congreso sobre las alternativas de status para Puerto Rico fuera de la cláusula para territorios de la Constitución estadounidense.

Grijalva está “muy cerca” de finalizar la revisión de su anteproyecto de ley para reformar la ley Promesa, para luego iniciar una discusión dentro de su comisión y con otros miembros del Congreso, en torno a las alternativas de status no territoriales para Puerto Rico – independencia, libre asociación y estadidad-, dijo la puertorriqueña Margarita Varela, asesora de Política Pública en el Comité de Recursos Naturales.

Bajo la cláusula para territorios de la Constitución estadounidense, el Congreso tiene la autoridad para imponer reglas y normas, como hizo cuando impuso la ley Promesa y una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las decisiones financieras del gobierno de Puerto Rico.

Al ofrecer un mensaje el viernes en el Primer Encuentro sobre los Territorios Ultramarinos estadounidenses, en la biblioteca Jesús T. Piñero del Recinto de Carolina de la Universidad Ana G. Méndez, Varela indicó que la conversación que quiere echar hacia delante Grijalva es un reconocimiento de que la ley Promesa “es el resultado de la relación de subordinación que tiene Puerto Rico con Estados Unidos”.

Grijalva ha dado instrucciones a la Oficina de Asuntos Insulares del comité para que se “desarrolle una propuesta” que permita iniciar ese proceso de discusión.

“Tras escuchar voces locales que apoyan diferentes alternativas para la libre determinación de Puerto Rico, una de sus principales prioridades es asegurar que todas las alternativas no territoriales – estadidad, libre asociación e independencia-, tengan una audiencia justa”, sostuvo Varela.

La asesora del congresista Grijalva afirmó que anticipan que la audiencia pública y el proceso de discusión “incluirá funcionarios electos, historiadores y expertos legales” e iniciará “tan pronto anuncie nuestra propuesta final para enmendar Promesa”.

Luego de reunirse con Grijalva en febrero, representantes del Junte de Mujeres de 2018 indicaron que el congresista demócrata quiere discutir el proceso bajo el cual se debe atender el debate de status.

Aunque la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, y el congresista demócrata Darren Soto (Florida) presentaron en 2018 proyectos a favor de laestadidad para Puerto Rico, la demócrata Nydia Velázquez (Nueva York) contempla someter su propia legislación.

En el pasado, la puertorriqueña Velázquez ha promovido una medida que autorice que Puerto Rico convoque a una Asamblea Constitucional de Status y que incluya algún mecanismo por el cual el Congreso se comprometa a atender ese asunto.

Desde el verano de 2019, mientras, Grijalva ha circulado un borrador de legislación dirigido a suavizar los efectos de la ley Promesa, proteger los servicios públicos esenciales, como el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR), impulsar una auditoria de la deuda y la cancelación de deuda pública no asegurada.

La legislación con cambios a la ley Promesa “tiene amplio respaldo de las organizaciones nacionales y locales porque protegería a los pensionados, los estudiantes, y aquellos que más lo necesitan”, dijo Varela.

Grijalva ha denunciado las medidas de austeridad impuestas por la Junta Fiscal y la falta de una reestructuración más abarcadora de la deuda pública.

Los planes iniciales de Grijalva eran llevar sus enmiendas a Promesa a una sesión de votación en diciembre o enero pasados, lo que no ocurrió.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, dijo que apoya algunas de las ideas que Grijalva ha discutido, pero que tiene que haber apoyado bipartidista si verdaderamente se quiere echar hacia delante una medida con apoyo en el Senado, de mayoría republicana.

“Ni siquiera ha habido una reunión”, para discutir sus planes, sostuvo la comisionada González. Pero, reafirmó su respaldo al lenguaje de la congresista Velázquez que persigue evitar conflictos éticos de los contratistas de la JSF.

El borrador original de legislación de Grijalva también incluía dar participación a grupos cívicos en el proceso de reconstrucción de Puerto Rico tras el huracán María, nombrar un coordinador federal (lo que ha hecho ya el presidente Donald Trump) y un oficial de Revitalización para la transformación el sistema eléctrico.

El boricua Soto, por su parte, dijo que, aunque no ha visto la versión más reciente del anteproyecto de Grilava, quiere, entre otras cosas, asegurarse de que “los poderes para tomar las decisiones del día a día permanecen en manos” del gobierno de Puerto Rico.



Source link

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *