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La jueza LauraTaylor Swain se reservó el fallo en torno a la anulación de la Ley 29 y otras 23 resoluciones conjuntas que transfirieron fondos no utilizados a decenas de municipios.

Luego de que los abogados de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el gobierno se aferraran a sus respectivas posiciones en torno a los poderes del organismo creado por el Congreso en la ley federal Promesa y el funcionamiento del gobierno, las partes parecieron coincidir en que, de anularse el estatuto, se otorgue un plazo de dos semanas antes de la efectividad de la decisión. Ello, para que la JSF y la administración de Wanda Vázquez Garced puedan buscar una alternativa ante lo que podría resultar en el colapso financiero de decenas de ayuntamientos.

Swain informó que se reservaba su fallo este jueves en el segundo día de la audiencia general de los casos de Título III del mes de marzo y donde luego de escuchar los argumentos de Hadassa R. Waxman y William J. Sushon, quedó estipulado que la relación entre la administración Vázquez Garced y la JSF ha mejorado de manera “significativa”, en especial, luego de que la gobernadora aprobara la Orden Ejecutiva 2019-57. La orden firmada por Vázquez Garced busca asegurar el cumplimiento del gobierno con el estatuto federal.

“El punto de esta demanda es invalidar la Ley 29 en todos los cargos”, dijo Waxman, abogada de la JSF y socia de Proskauer Rose, luego de que la jueza pareciera que acogía ciertos argumentos de derecho en la controversia, pero cuestionara por qué la JSF pedía remedios adicionales contra el gobierno. Ello, si la nueva política de cumplimiento adoptada por la administración Vázquez Garced comenzaba a ser efectiva.

A ello, Waxman contestó que si bien la JSF estaba “satisfecha” con la nueva postura de cumplimiento del gobierno, la situación no es “perfecta” y que ameritaba anularse la Ley 29, para corregir lo que habría sido un patrón de “infracciones” a Promesa de parte del gobierno territorial.

“No hay disputa en que la ley Promesa es antidemocrática”, sostuvo por su parte Sushon, socio de O’Melveny Myers y abogado de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y de Vázquez Garced, al suplicar a la jueza Swain que se alejara de la interpretación “amplia” de Promesa que la JSF le sugería.

“La JSF quiere que este tribunal endose la autocracia. La JSF piensa que el carácter antidemocrático de Promesa no es un vicio sino una virtud”, manifestó Sushon, quien buscó establecer una analogía entre la Ley 29 y su efectoen los municipios con eliminar el “Día Nacional del Coquí” -si en efecto, existiera- porque se separarían fondos públicos para su celebración.

Sushon planteó que con el pedido para anular la Ley 29, la JSF solo buscaba ejercer poderes que no le correspondían y que en medio de la complicada situación que encaran los municipios, la JSF buscaba dar otro sentido al término “deuda”, uno de los conceptos definidos por el Congreso al momento de redactar Promesa y que -desde la perspectiva del gobierno- hace referencia a la deuda incurrida por concepto de bonos y no a obligaciones intragubernamentales.

Swain fue rápida en buscar afinar la aseveración de Sushon al preguntarle si la JSF se abrogaba tales poderes o estos le fueron conferidos por el Congreso.

La anulación de la Ley 29, según un “amicus curiae” del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) que fue rechazado por Swain, colocaría en un escenario de insolvencia a por lo menos 28 municipios, varios de estos estremecidos por los recientes terremotos en el sur de la isla. El número de pueblos en problemas aumentaría a 35 ayuntamientos si se considera a aquellos, cuyos presupuestos dependen en más de 70% del Fondo de Equiparación Municipal (FEM), la caja donde se habrían reservado las aportaciones del “PayGo” y la reforma de salud para distribuirla a los ayuntamientos.

Según el CRIM, en este año fiscal, gracias a la Ley 29, los municipios retendrían en sus arcas unos $204 millones.

La Ley 29 fue aprobada el año pasado por el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, partiendo de la premisa de que el gobierno recibiría fondos federales adicionales para la reforma de salud y por entender que las aportaciones al sistema “PayGo” requeridas por la Ley 106-2017 para el pago de las pensiones desde el Fondo General han desangrado las arcas municipales, pues en su momento, estas hicieron las aportaciones patronales al retiro de sus empleados ahora jubilados.

Mejora palpable

El abogado de la Aafaf y de Vázquez Garced buscó plantear que buena parte de la controversia ante la consideración de Swain se ha tornado académica, pues al presente, el gobierno ha logrado avanzar en la presentación de certificaciones de impacto fiscal a la JSF.

Según quedó estipulado en corte, en buena parte de las leyes recién aprobadas, el gobierno cumple con remitir a la JSF el análisis de impacto y cumplimiento con el plan fiscal en el plazo de siete días o justo por encima de ese plazo establecido en Promesa.

Cuando la JSF demandó al gobierno el año pasado para anular la ley que libró a los municipios del pago de aportaciones al sistema “PayGo” y la reforma de salud, el organismo fiscal planteó que el gobierno incumplía repetidamente con Promesa y que al aprobar Ley 29, el gobierno aprobó un estatuto inconsistente con el plan fiscal. Esto, al permitir a los municipios no paguen “la deuda” que mantienen con el gobierno central por el retiro de sus trabajadores y por los servicios de salud de sus constituyentes.

Al hacer su pedido, la JSF pidió a Swain que anulara la Ley 29 y 23 resoluciones conjuntas aprobadas el año pasado que reasignaron fondos a los municipios y que emitiera un interdicto para evitar la implementación del estatuto. La JSF también solicitó una declaración de la corte estableciendo que el estatuto y las resoluciones en controversia son contrarias a Promesa y que el gobierno incumplía con Promesa al no cumplir con el requisito de presentación de certificaciones en siete días.

Plazo de dos semanas para buscar alguna otra alternativa

Viendo las circunstancias, Sushon sugirió a la jueza que si decidía anular la Ley 29, que en la orden de la corte se diera un plazo de dos semanas para hacer efectiva la decisión a fin de encontrar una alternativa. Esto, porque si la Ley 29 se anula de inmediato, muchos municipios entrarían en una crisis presupuestaria y por ende, operacional, que no podrían zanjar.

Waxman -en nombre de la JSF- mostró apertura a que la jueza Swain no otorgara todos los remedios solicitados en la demanda y siempre que se anule la Ley 29, el organismo fiscal estaría en posición de sentarse con la administración Vázquez Garced para atender el caos fiscal municipal que resultaría de la eliminación del estatuto.



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