A tres años de aprobara la Ley de Equidad Salarial de Puerto Rico (Ley 16-2017), el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) apenas ha recibido dos querellas al amparo del estatuto y ninguna ha sido resuelta, reconoció esta tarde la titular de la agencia, Briseida Torres Reyes.

La funcionaria, a preguntas de la senadora Itzamar Peña en una vista de la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado, no brindó su propia teoría sobre por qué solamente se han radicado dos querellas, pero nunca fue contundente cuando Peña le preguntó si era necesario enmendar la ley, que establece la política pública en contra del discrimen salarial por sexo y las causales que podrán utilizarse para radicar querellas en contra de patronos.

La senadora le dio cinco días a Torres Reyes para que le brinde recomendaciones sobre el lenguaje que planifica introducir en un proyecto de ley para que el proceso de autoevaluación de los patronos sea un requisito de ley.

“La realidad es que no tengo una contestación para decirle qué es lo que falta y por qué hay dos querellas”, dijo Torres Reyes a preguntas de Peña.

Torres Reyes y Peña sí recordaron que se pueden radicar querellas por la vía judicial, una cifra a la que no tendría acceso el DTRH.

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres fue citada a la vista de hoy, martes, pero la procuradora Lersy Boria Vizcarrondo solicitó ser excusada.

Precisamente, la agencia anunció hoy que el DTRH realizará vistas públicas a partir del 10 de marzo para que empresas, organizaciones sindicales y asociaciones patronales presenten sus percepciones y recomendaciones sobre las medidas implementadas por los patronos para eliminar la brecha salarial en Puerto Rico.

Además, a casi tres años de la firma de ley (8 de marzo de 2017), el DTRH no ha completado un estudio estadístico requerido por la propia ley para examinar la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. La ley le otorga 90 días al DTRH a partir de la firma del decreto para comenzar el estudio.

Torres Reyes, quien asumió el mando de la agencia en mayo del año pasado, primero argumentó que la ley lo que le requiere a la agencia es iniciar el estudio en la fecha establecida.

“Se ha comenzado el estudio”, dijo para luego sostener que la dependencia tiene unas limitaciones, pues la encuesta del Negociado de Estadísticas del Departamento del Trabajo federal no segmenta por género.

A preguntas de Peña, Torres Reyes dijo que hay que “analizar” una propuesta de la legisladora de darle carácter de obligatoriedad a un examen de autoevaluación que la Ley 16-2017 le requiere a los patronos para determinar “sobre sus prácticas de compensación y ha logrado un progreso razonable para eliminar las diferencias salariales a base de sexo”.

“Esa exigencia a los patronos no lo establece la ley. Habla de aquellos que voluntariamente entreguen la información”, dijo Peña.

“La ley sostiene que tiene que establecerse un proceso (de autoevaluación), pero no establece que se tiene que solicitar una certificación. Habla de que tienen que autoevaluarse”, le respondió Torres Reyes, quien indicó que el reglamento para establecer el proceso de autoevaluación, a regirse por el Programa de Equidad Salarial, estará listo la semana que viene, a tres años de firmada la ley.



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