Sin alternativas a la Ley 29, los días de muchos municipios de Puerto Rico estarán contados financieramente hablando, mientras múltiples servicios directos a la ciudadanía dejarán de ofrecerse de manera inmediata, anticiparon varios alcaldes entrevistados por El Nuevo Día.

La Ley 29 libró a los municipios de dos responsabilidades: los pagos a la reforma de salud y las aportaciones para pagar las pensiones bajo el sistema “PayGo”, creado con la Ley 106 de 2017.

Ayer, los alcaldes de Las Marías, Maunabo, Ciales y Comerío tronaron contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por buscar la anulación de la Ley 29 y reclamaron a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y al liderato legislativo una solución concreta ante la posibilidad de que el estatuto quede sin efecto.

“Con esto que se está haciendo, lo que se quiere es cerrar municipios. No podemos tapar el cielo con la mano”, dijo el alcalde de Maunabo, Jorge Luis Márquez Pérez.

“Si la Ley 29 se elimina y no hay una alternativa, realmente, la mayoría de los municipios pequeños, en un año o dos, van a tener que cerrar”, indicó Luis “Rolan” Maldonado, primer ejecutivo de Ciales.

“La ironía es que el municipio cumple 20 años operando sin déficit, que no debe dinero a ninguna agencia, que no despide empleados y que atiende una cantidad de tareas que corresponden al Estado y ahora, que sale un informe del Contralor sin ni siquiera una falla administrativa, creo que somos el primer municipio en lograrlo, que paguemos las consecuencias de una vajilla que rompió el gobierno, es increíble”, sostuvo por su parte, el alcalde de Comerío, José A. “Josean” Santiago.

Maunabo, Ciales y Comerío figuran entre los 10 ayuntamientos que más se afectarían si el próximo miércoles, la jueza Laura Taylor Swain, acoge los argumentos de la JSF y opta por anular la Ley 29 durante la audiencia general de los casos de Título III del mes de marzo.

Eso y más es lo que ha alegado el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) en un escrito radicado, el pasado jueves, como “amigos de la corte”. Ello, con la expectativa de aportar datos que sirvan para aquilatar la controversia entre la JSF y el gobierno por la Ley 29.

El estatuto fue la respuesta del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares al impacto los huracanes Irma y María y del recorte de unos $360 millones en asignaciones del Fondo General a los municipios por disposición de la JSF.

Según el CRIM, si la Ley 29 queda sin efecto, 35 municipios -muchos de ellos afectados por los huracanes del 2017 o estremecidos por los terremotos de enero pasado- quedarán en bancarrota.

Partiendo del recurso radicado por el CRIM, la Ley 29 libró a los municipios de aportar -en conjunto- unos $204 millones de sus arcas a la Administración de Seguros de Salud (ASES) y la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR).

En su escrito, el CRIM sostiene, además, que eliminar la Ley 29 dejaría en una situación de impago a los municipios y tiraría por la borda la reestructuración del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

En ese acuerdo, que respaldaron decenas de cooperativas de ahorro y crédito de Puerto Rico, se decidió que los municipios continuarían pagando sus préstamos con el BGF, para pagar a los bonistas.

“La Ley 29 evitó que muchos municipios pequeños colapsaran, mientras que para los municipios grandes hubiera significado una reducción dramática en sus servicios esenciales que brindan los municipios en áreas neurálgicas como salud, seguridad educación y de recogido de basura, entre otros”, indicó Javier Carrasquillo, presidente de la junta de gobierno del CRIM y alcalde de Cidra.

La postura de la JSF

La JSF alega, por el contrario, que la Ley 29 solo ha servido para poner en riesgo el pago de las pensiones y que esta se aprobó sin analizar su impacto fiscal, en violación a la ley federal Promesa.

“Los demandados (el gobierno) han demostrado que ellos solo cumplen con Promesa cuando sus pies están en el fuego”, reza el argumento que la JSF radicó esta semana ante la jueza Swain. El organismo busca anular la Ley 29, pero también unas 23 resoluciones conjuntas que reasignaron fondos de años previos a los municipios sin aval de la JSF.

Ayer, Vázquez Garced reiteró que busca “alternativas” para mitigar una decisión adversa, pero rehusó ofrecer detalles.

“Sin duda alguna, una decisión adversa a la Ley 29 tendría un impacto devastador en muchos municipios. Esa es una realidad. Por eso, nosotros, en coordinación con los municipios, nos hemos mantenido auscultando vías alternas en caso de que eso suceda. Esperamos la decisión de la jueza. Quizás no haya muchas expectativas de que prevalezca la ley, pero tenemos alternativas en caso de que tengamos una decisión adversa”, dijo Vázquez Garced durante una conferencia de prensa en un mercado agrícola en Bayamón.

Servicios en un hilo

Aparte de Ciales, Comerío y Las Marías, y excluyendo los ingresos propios, los municipios de Maricao, Florida, Maunabo, Villalba, Orocovis, Adjuntas, Jayuya, Guayanilla y Barranquitas dependen en 80% o más de los fondos liberados por la Ley 29 para continuar operando.

De acuerdo con el alcalde de Las Marías, Edwin Soto Santiago, en ayuntamientos pequeños como el suyo, con pocos ingresos en patentes municipales o similares y distantes de los municipios más opulentos, eliminar la Ley 29 es el equivalente a limitar las operaciones del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) -el único lugar para recibir servicios de salud en ese pueblo- o suspender los programas deportivos que sirven a la juventud.

Y en pueblos como Las Marías, alejados de la zona metropolitana o de grandes municipios, la alcaldía es el único referente que la gente tiene del gobierno.

“A nosotros, ya nos quitaron $1.9 millones con la reducción de los fondos estatales y medio millón de gastos operacionales. En eso, llegó María y llegaron unos fondos federales, pero todavía tengo 220 proyectos de reconstrucción que no han empezado, todavía tengo carreteras cerradas”, dijo Soto Santiago.

“No quiero adelantarme a las decisiones que tendríamos que tomar, pero sería fatal para nosotros”, agregó Soto Santiago.

De acuerdo con Márquez Pérez, en Maunabo, la anulación del estatuto es llover sobre mojado. Implicaría recoger la basura una vez al mes, en lugar de todas las semanas o podar las orillas de los caminos algunas veces al año, si acaso.

“En Maunabo, los empleados del municipio trabajan cuatro, cinco o seis horas porque ya implementamos la reducción de jornada, de dónde más voy a cortar”, dijo Márquez Pérez, al señalar que la JSF “no sabe” cómo funcionan los ayuntamientos.

El líder de Maunabo recordó que los municipios quedaron contra la pared, una vez la JSF insistió en recortar las subvenciones del Fondo General.

De acuerdo con el alcalde, cuando hace décadas se concibió el modelo de financiación municipal, se determinó que los municipios con mayores recursos pudieran aportar a aquellos ayuntamientos que por su ubicación o perfil demográfico o económico no pudieran generar suficientes ingresos. En síntesis, explicó que ese modelo es el mecanismo de “distribución de riqueza” que opera en todos los países.

“El efecto es detrimental porque nosotros ofrecemos los servicios que el gobierno estatal no provee”, agregó.

Según el alcalde de Comerío, lo que, en realidad, debe preocupar cuando el gobierno central y la JSF toman decisiones que afectan a los municipios es que se actúa desde la pobre gestión y el desconocimiento.

De acuerdo con Santiago, cuando se analizan las funciones de los ayuntamientos, la amplia mayoría de estos proveen mutiplicidad de servicios -incluyendo competencias del gobierno central- con menos recursos.

Según el alcalde, el gobierno central opera con un presupuesto aproximado de $9,000 millones, retiene alrededor de $500 millones de ingresos que les aportan los municipios y la prestación de servicios es pésima o ninguna.

“Me atrevo a decir que las fallas que puede haber en los municipios son un pellizco de ñoco, en relación al despilfarro de fondos en el gobierno central”, dijo Santiago. Acto seguido, sostuvo que mientras, en Puerto Rico, se insiste en la centralización de los servicios, en la mayor parte de los países exitosos, los servicios a la población se prestan desde los ayuntamientos.



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