La mayoría de la Cámara de la Cámara de Representantes aprobó una nueva versión del proyecto conocido como “Enmiendas Técnicas de la Reforma Contributiva”, buscando así convertirlo finalmente en ley.

La versión anterior, el Proyecto de la Cámara 2172, fue objetada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al sostener que no se identificaban suficientes mecanismos de pago para que la medida fuera neutral fiscalmente. Con la recomendación del secretario de Hacienda, la gobernadora Wanda Vázquez vetó la medida.

La medida, al igual que ocurrió en noviembre, fue radicada el mismo día -hoy- en la que fue aprobada, sin dejar espacio razonable a que la prensa o el público en general la analizara.

El proyecto es de la autoría del representante Antonio Soto y el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez. Soto indicó a periodistas que la medida recibió el visto bueno de la JSF, La Fortaleza y el Senado.

Por ejemplo, con la medida se legisla una reducción adicional de 3% sobre la responsabilidad contributiva de todo contribuyente con un salario de $100,000 o menos, lo que aplica a 852,000 contribuyentes. Esta rebaja se une a una reducción de 5% ya legislada que aplicaba a todos los contribuyentes.

El proyecto aumenta la exención sobre el pago del impuesto B2B de $200,000 a $300,000.

“Todo negocio o persona en Puerto Rico que realice negocios y su volumen esté por debajo de $300,000 no tendrá que cobrar el B2B”, dijo Soto.

También se aumenta la exención sobre la Patente Nacional aplicable a los profesionales que sirven al gobierno de $50,000 a $300,000 y se establece una reducción de arbitrios a la producción de espíritus artesanales y vinos frutales.

La pieza legislativa, dijo Soto, dispone que la fecha límite para la confección de Declaraciones Informativas se mueve con el proyecto, solo para el año contributivo 2019, del 28 de febrero al 31 de marzo y, también, solamente por el pasado año contributivo, se legisla la opción para solicitar una prórroga sobre el pago de la planilla del 15 de abril al 15 de mayo.

El impacto fiscal de estas y otras medidas en el proyecto es de $33 millones y la JSF solicitó que los mecanismos de repago superaran esa cifra por 25%. En el proyecto vetado, el beneficio contributivo era de $45 millones.

En la medida se incluyen algunos mecanismos de pago contemplados en el proyecto vetado como la eliminación de la Ley de Cascos Urbanos (ahorro de $5 millones), establece un tope de $3.9 millones sobre los créditos de servidumbre de conservación y reduce por $500,00 los créditos que reciben las fundaciones de los exgobernadores.

Otras moratorias a créditos que Soto no precisó producirían $2.5 millones.

En cuanto a mecanismos de pago nuevos, se reduce de $50 millones a $38 el tope para créditos de producciones fílmicas y le impone una contribución de $5,000 -ahora es $300- por la entrega de cada informe anual presentado por los ciudadanos acogidos a los beneficios de la Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico.

Ese último aumentó generará $11.9 millones nuevos, dijo Soto.



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