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El Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó al Supremo de Puerto Rico en el caso de la Iglesia Católica de la Isla.

En una decisión de ocho páginas, el Supremo federal falló a favor de la Iglesia Católica y ordenó que el caso sea devuelto a los tribunales de Puerto Rico para ser atendido nuevamente.

«La petición de certiorari y las mociones para permitir la radicación de los informes de amigo de la corte son aprobados, la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico queda sin efecto, y el caso es devuelto para procedimientos subsiguientes que no sean inconsistentes con esta opinión», concluye la orden del Supremo federal, emitida hoy en la mañana.

El Supremo de Puerto Rico había determinado que todas las entidades católicas en la Isla tenían que responder por la deuda de la Arquidiócesis de San Juan con la pensión de maestros de varios colegios católicos.

Mientras, las diócesis católicas argumentan que son entidades separadas, por lo que el asunto le correspondía solamente a la Arquidiócesis de San Juan.

Las instituciones católicas apelaron al Supremo federal, donde recibieron el apoyo como amigos de la corte de varias influyentes entidades religiosas de Estados Unidos y de Procurador General estadounidense.

La orden del Supremo federal implica que se tendrá que atender el asunto prácticamente desde el tribunal de Primera Instancia, que había emitido una orden de embargo por más de $4 millones en contra de la Iglesia Católica.

La decisión del Supremo de Estados Unidos indica que no tiene que entrar en los argumentos de las parte sobre si se violó el derecho de la Iglesia Católica a establecer su propia estructura.

Señala que no es necesario «porque encontramos que el Tribunal de Primera Instancia no tenía jurisdicción para emitir la orden de pago y de ocupación».

Señaló que la Arquidiócesis de San Juan había acudido al tribunal federal para que el Fideicomiso de las Pensiones se acogiera a la quiebra. Aunque ese recurso fue desestimado, el tribunal federal todavía no había devuelto el caso a los tribunales estatales, por lo que no podía haber emitido la orden de que pagara.

«El tribunal de Primera Instancia emitió las órdenes de pago y ocupación después de que el procedimiento fue removido al tribunal federal de distrito, pero antes de que el tribunal federal devolviera el procedimiento de vuelta al tribunal de Puerto Rico», sostiene la orden.

«En ese momento, el Tribunal de Primera Instancia no tenía jurisdicción sobre los procedimientos. Por eso, las órdenes son inválidas», resolvió el Supremo.



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