Una decena de dentistas demandó al Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico en reclamo de que se declare inconstitucional el requisito de la colegiación compulsoria para ejercer esa profesión en la isla, con el argumento de que violenta el derecho de libertad de asociación.

La demanda fue presentada por el licenciado Ramón Rosario Cortés, exsecretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza y quien funge como representante legal del grupo de dentistas.

Somos una entidad necesaria, y creo que la mayoría de los dentistas así lo piensan”, afirmó la doctora María de Lourdes Castellví, presidenta del Colegio de Cirujanos Dentistas, en declaraciones a El Nuevo Día.

Castellví confirmó a este medio que la entidad evalúa la demanda. La organización, que cuenta con cerca de 1,200 miembros, tiene 60 días para responder al recurso legal, a partir de la fecha en que se radicó, explicó la doctora. El pleito fue incoado el 9 de enero.

En el documento ante el Tribunal de San Juan, los demandantes sostienen que “no quieren pertenecer al Colegio, y su obligatoriedad para ganarse la vida lesiona su derecho constitucional de libertad (de) asociación y expresión”.

El grupo de dentistas cuestiona la constitucionalidad de la Ley para Crear el Colegio de Cirujanos Dentistas (Ley 162 de 1941), que exige que, para ejercer la profesión en Puerto Rico, hay que colegiarse.

Según la demanda, la Ley 162 establece que la Junta Dental Examinadora es el ente que adjudica y puede destituir a un dentista, pero, al mismo tiempo, exige la colegiación compulsoria de los dentistas para poder ejercer la profesión de cirugía dental en el país.

“Es la Junta la entidad gubernamental autorizada en ley para cancelar o suspender licencias para ejercer la cirugía dental”, argumentan los demandantes.

Ante la Cámara de Representantes, está pendiente de consideración el Proyecto de la Cámara 1798, que procura la colegiación voluntaria de las personas autorizadas a ejercer la profesión de cirugía dental.

La medida, de la autoría del representante José Aponte Hernández, entre otros legisladores, no ha sido llevada a votación ante el pleno, y permanece sin acción legislativa hace un año.

En la Legislatura, hay cerca de una treintena de medidas con el mismo fin, y ninguna ha pasado aún el cedazo legislativo.

Los precedentes

El grupo de dentistas basa los argumentos de su demanda en dos decisiones del Tribunal Supremo en las que se declaró inconstitucional la colegiación compulsoria de los abogados, en 2014, y cinco años después, de los técnicos mecánicos automotrices.

En ambos casos, se determinó que la colegiación compulsoria violentaba los derechos de libertad de asociación y expresión de los ciudadanos.

A juicio de Castellví, la eliminación de la colegiación compulsoria podría minar la capacidad que tendrían como gremio para hacer frente a ciertas políticas del Estado.

A modo de ejemplo, mencionó que el Colegio de Cirujanos Dentistas promovió un incremento tarifario para los dentistas que prestan servicios a los asegurados del Plan de Salud del Gobierno, y ese incremento se concretó en octubre pasado.

“Si nosotros no tenemos una voz en frente de nuestro gobierno, ¿cómo vamos a defendernos? ¿cómo vamos a exigir, cómo vamos a estar ahí, en donde hay que estar cuando hay que estar, para poder lograr algunas cosas?”, puntualizó.



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