Al concluir el tiempo de silencio que impuso el proceso de mediación, el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) arremetió ayer contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al señalar que el acuerdo con ciertos bonistas del gobierno central se hará a costa de miles de individuos, trabajadores, organizaciones de salud y comercios en Puerto Rico.

En entrevista con El Nuevo Día, Alvin Velázquez, representante del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), y el cofundador de Unitech Engineering Group, Ramón Ortiz, aseguraron que el UCC –que representa unos 80,000 acreedores del gobierno, a excepción de los pensionados– se propone objetar el acuerdo que se ha pactado con ciertos bonistas de Obligaciones Generales (GOs) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP).

“La realidad es que hay argumentos legales sólidos para retar la validez de parte de la deuda”, dijo Velázquez, en referencia a los litigios que la JSF y el UCC radicaron en conjunto para invalidar unos $10,000 millones en tales obligaciones.

Según el abogado, en realidad, el pacto con la JSF no recorta sustancialmente la deuda emitida por bonos. Más bien, agregó, la JSF pagará a los bonistas a costa de sacrificar el pago que deben recibir otros acreedores.

El acuerdo, divulgado el pasado domingo por la JSF, pagaría entre 72 y 77 centavos de dólar a los tenedores de GOs y AEP, lo que supondría un recorte de un 25%.

Sin embargo, los contratistas y suplidores del gobierno agrupados bajo el UCC verían un recorte de 98%. A estos, la JSF contempla pagarles menos de tres centavos de dólar, denunció Velázquez.

Al defender el acuerdo, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, señaló que Puerto Rico necesita salir de la quiebra para que las empresas puedan adquirir capital para expandir o crear más empleos. Pero, desde la perspectiva de Ortiz, quien lleva más de una década esperando que el gobierno le pague $11 millones por la construcción de complejos de vivienda, no habrá empresario que haya hecho negocios con el gobierno y pueda salir a flote si la JSF logra adoptar un plan que apenas pagaría alrededor de 1.8% de esa acreencia.

Partiendo del plan de ajuste, en principio la JSF separaría apenas $100 millones para pagar más de $5,000 millones en servicios prestados al gobierno y que aún se adeudan. Si la cifra se mantiene, apenas sería una cuarta parte del pago de $400 millones que recibirían los abogados de los bonistas por consumar el pacto.

“No me parece que ese acuerdo sea razonable”, dijo Ortiz, al destacar que el 90% de los integrantes del UCC son pequeños y medianos comerciantes puertorriqueños.

Emplazan a la Legislatura

“Es discriminatorio”, dijo Velázquez, al señalar que, mientras los acreedores generales del gobierno recibirían 1.8 centavos de cada dólar que se les adeuda, los bonistas que firmaron el acuerdo podrían recibir un rendimiento de 250%. Ello, por haber comprado tales bonos en 20 o 30 centavos de dólar durante la crisis.

“Los dueños de este proceso son la Legislatura y la gobernadora. Si ellos dicen que no al recorte de las pensiones, deben decir no al recorte que verían los pequeños y medianos empresarios de Puerto Rico”, sostuvo Velázquez.

Ayer, la oposición al pacto también venía de otros bonistas. Cuatro de las cinco aseguradoras municipales que han respaldado la deuda de Puerto Rico por décadas instaron a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y a la Legislatura a no dar paso al acuerdo por entender que será un escollo a la reestructuración de la deuda.

“El RSA (acuerdo) falla en respetar los derechos de los acreedores establecidos en ley, prioridades y gravámenes en violación de (la ley federal) Promesa y, en particular, descarta abiertamente protecciones constitucionales básicas, requisitos del plan fiscal y obligaciones tanto hacia los GOs como a los bonos de ingresos especiales”, indicaron las aseguradoras.

En tanto, la portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, Eva Prados, catalogó el acuerdo como “totalmente inaceptable” al tiempo que insistió en se necesita auditar la deuda de la isla.

“Cualquier acuerdo que evite estos litigios (de impugnación de la deuda) va en contra de los mejores intereses de Puerto Rico y busca liberar de responsabilidad a los que nos trajeron a esta crisis”, sentenció Prados.



Source link

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *