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Para el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz, el acuerdo de reestructuración (RSA, en inglés) con los bonistas es indispensable para superar las consecuencias de tener “mal crédito”.

Esa etiqueta, a su juicio, la pagan los consumidores en su factura de la luz y en los bienes y servicios que adquieren a diario.

Justo cuando la gobernadora Wanda Vázquez Garced solicitó revisar el acuerdo y se espera por que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) envíe a la Legislatura el proyecto de ley para hacerlo factible, Ortiz indicó que la AEE lleva, al menos, cinco años pagando primas o penalidades por encontrarse en bancarrota, y hasta que no ponga fin al impago con los bonistas, no podrá comenzar su transformación operacional.

Sobre todo, según Ortiz, concretar el RSA permitiría a la AEE enfocarse en su plan de mejoras a la luz del Plan Integrado de Recursos (PIR) y tomar partido de la asignación de fondos federales, lo que podría pasar del papel a la acción este verano.

“Creo que el RSA hay que seguirlo trabajando para ver qué es lo mejor que se puede hacer para la gente, pero tenemos que regresar a grado de inversión”, dijo Ortiz. “Hay que salir de la quiebra, y el RSA es un mecanismo que nos lleva en ese camino”.

Según Ortiz, personal de la Aafaf se encontraba en Nueva York la semana pasada para explorar alternativas con miras a modificar el RSA.

Un estudio a la medida

Las expresiones de Ortiz constituyen la primera defensa oficial al RSA de la AEE desde que, hace una semana, la jueza Laura Taylor Swain y la magistrada Judith Dein –quienes atienden los casos de Título III de reestructuración de la deuda de Puerto Rico bajo la ley Promesa– autorizaron divulgar un informe de la firma London Economics International (LEI).

Para Ortiz, el informe está hecho a la medida del Comité de Acreedores no Asegurados (UCC), grupo que es parte del proceso de bancarrota del gobierno central, pero no participa del proceso de ajuste de deuda de la AEE. Ello, a pesar de múltiples reclamos en corte para ser parte de las negociaciones en la corporación pública.

“El esfuerzo que hicieron en criticar el plan fiscal no tiene ningún peso”, dijo Ortiz, en referencia al trabajo de LEI. Recordó que ya se ha establecido judicialmente que los planes fiscales certificados por la JSF no son cuestionables en el tribunal, por lo que en nada abonará a la discusión en corte.

El reporte de LEI establece, entre otras cosas, que el cargo de transición que se aplicará para pagar a los bonistas contribuirá a que los abonados se desconecten de la red eléctrica. Esa dinámica reducirá la venta de electricidad y, por ende, la capacidad de la AEE para cumplir con el pago de la deuda, las pensiones de sus trabajadores jubilados y pagar al operador privado que administrará la red eléctrica, a menos que se aumente la tarifa todos los años.

De acuerdo con LEI, el plan fiscal de la AEE –aprobado por la JSF– incluye proyecciones sobreestimadas y cuestiona que el gobierno alegue que financiará las mejoras en la red eléctrica con fondos federales, cuando en dos años y medio esa asignación no se ha materializado.

La semana pasada, la JSF solicitó nuevamente a la jueza Swain dejar en suspenso la discusión del acuerdo bajo la regla 9019 del Código de Bancarrota. El RSA de la AEE se pactó en mayo del año pasado.

¿Cuánto cuesta operar en bancarrota?

Sin embargo, para Ortiz, cada día sin concluir el proceso de ajuste de deudas es un día para pagar más caro por el combustible y los bienes que necesita la AEE.

“Estamos pagando 6% más en cualquier préstamo por no tener buen crédito… Gastamos alrededor de $1,500 millones en combustible al año y pagamos 5% de prima sobre ese combustible por no tener el crédito donde lo debemos tener”, indicó.

Incluso, según Ortiz, los acuerdos de compra de energía renovable salen más caros a la AEE por causa de la bancarrota.

El ingeniero compartió con El Nuevo Día un extracto de un resumen del impacto que ha supuesto la degradación crediticia de la AEE a nivel chatarra, especialmente en los acuerdos con empresas de energía renovable. El documento establece que el costo promedio de capital para estas empresas que hacen negocios con la AEE aumenta de una base de 9.8% a 12% o 14%. Una clasificación chatarra significa que la entidad puede incumplir con sus obligaciones en cualquier momento.

De esta manera, si un generador de energía renovable tiene que pagar más por el dinero que toma prestado para construir, ese costo pasará a la factura que pagan los abonados cuando la AEE negocie el precio de cada kilovatio hora de electricidad.

Los fondos federales

El Nuevo Día cuestionó a Ortiz por qué comprometerse a pagar a los bonistas un cargo especial cuando, al presente, la AEE no ha recibido los fondos federales que serían necesarios para la reconstrucción de la red eléctrica. A vuelo de pájaro, el gobierno estima que la AEE necesitaría unos $16,000 millones para su reconstrucción.

“No es inusual que reclamaciones de esta magnitud tarden”, dijo.

Según Ortiz, FEMA y la AEE han llegado a acuerdos “casi en el 100%” de los daños que experimentó el sistema eléctrico de la isla tras el paso del huracán María.

“Se han acordado los daños y los estimados. No queremos revelar las cifras porque FEMA tiene que seguir sus canales”, dijo Ortiz. “Me siento confiado en que la cantidad que se acuerde será suficiente para llevar a cabo el plan que se acuerde, con mejores combustibles y con una red de generación distribuida”, agregó el ingeniero haciendo referencia al PIR.

La nueva AEE

De acuerdo con Ortiz, un factor que se ha dejado de lado en la discusión del RSA se centra en la transferenciade riesgo que tanto el acuerdo como el PIR eliminan de la AEE.

El RSA establece que los bonistas solo podrán cobrar su acreencia del cargo de transición, y en el caso del PIR, según Ortiz, las leyes de Reforma Energética y de Política Pública Energética convertirán a la AEE en un administrador de la red eléctrica.

“Según la ley, la generación va a terminar siendo prácticamente privada”, dijo Ortiz. “El riesgo de generación, el riesgo de una baja en la demanda, no lo tendrá la AEE”.

El PIR que ha propuesto la AEE contempla invertir en plantas de gas natural en los próximos cinco años, para luego dar paso a los productores de energía renovable.

Pero, según expertos en sistemas eléctricos y representantes de organizaciones ambientales, ciudadanas y empresas de almacenamiento y energía renovable que participaron de las vistas evidenciarias que llevó a cabo el Negociado de Energía de Puerto Rico la semana pasada, esa estrategia no traerá la resiliencia que necesita la gente.

De acuerdo con Ortiz, quien dijo favorecer la transformación de la AEE hacia las renovables, el problema con las leyes recién aprobadas es que exigen un objetivo de ahorro anual de consumo eléctrico difícil de alcanzar.

Sobre todo, para Ortiz, otra realidad que no debiera ignorarse es el hecho de que no todos los ciudadanos podrían invertir en generar su propia energía y requerirán estar servidos por la AEE, sin que ahora haya certeza de cómo, a futuro, se servirá a esa población sin la intervención de la corporación pública.



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