Luego de cinco días de vistas evidenciarias, el Negocio de Energía de Puerto Rico (NEPR) comienza, a partir de mañana, una jornada de vistas públicas para que los ciudadanos se expresen acerca del plan a futuro de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Ese proceso de consulta con la gente, así como los argumentos finales de casi una veintena de interventores, explicó el presidente del NEPR, Edison Avilés Deliz, servirán para que el organismo regulador pueda tomar una decisión en torno al Plan Integrado de Recursos (PIR). El PIR es un documento que establece las mejoras y la inversión que la AEE hará al sistema eléctrico en los próximos 20 años para asegurar ese servicio a hogares y empresas en todo Puerto Rico.

“Esperamos que sea a finales de marzo… todo va a depender del volumen de la información que estamos recibiendo”, indicó Avilés Deliz, al explicar que, como agencia, el NEPR se encuentra en un proceso de transición, y el análisis y posible aprobación del PIR es un primer paso.

A medida que el mercado eléctrico de Puerto Rico vaya tomando forma, la ley orgánica del NEPR le permitirá intervenir en otros aspectos del suministro de energía en la isla, tanto desde la AEE como desde operadores privados.

“Estamos conscientes de la necesidad de que haya un plan aprobado prontamente porque sabemos que (el PIR) es el mapa para otras cosas que están sucediendo”, comentó, por su parte, la comisionada asociada Lillian Mateo Santos. “Los ojos de mucha gente están puestos en Puerto Rico, incluyendo la gente de Hawái”, dijo la abogada, en referencia al sistema que suele identificarse como un modelo a seguir.

¿Para qué sirve el PIR?

El NEPR debe evaluar el PlR, principalmente, a la luz de la Ley de Reforma Energética (Ley 57 de 2014) y la Ley de Política Pública Energética (Ley 17 de 2019).

En síntesis, la Ley 57 creó el organismo regulador del mercado energético en Puerto Rico, le confirió autoridad sobre las tarifas que la AEE cobra a sus abonados y sentó las bases para la creación de un mercado privado de energía en Puerto Rico. En tanto, a grandes rasgos, la Ley 17 determinó que –en un plazo de tres décadas– la totalidad de la demanda eléctrica en la isla debe atenderse con fuentes renovables de energía.

Esta es la segunda vez que el NEPR examina un PIR luego de rechazar una primera propuesta de la AEE. Según el comisionado asociado Ángel R. Rivera de la Cruz, esta vez el proceso de vistas evidenciarias también contó con una amplia participación de personas entendidas en el tema de energía, y el proceso de consulta ciudadana, junto al interés de incorporar las mejores prácticas que se han adoptado en otras jurisdicciones, debe complementar el ejercicio analítico para trazar el camino correcto para la isla en materia energética.

El NEPR forma parte de la Asociación Nacional de Comisionados de Utilidades (Naruc, en inglés), un foro donde, según Mateo Santos, Puerto Rico se ha vuelto tema frecuente luego del huracán María hace dos años.

Las vistas públicas comenzarán mañana, en sesiones vespertinas, que se celebrarán en las instalaciones del Colegio de Ingenieros de Puerto Rico, en San Juan, Mayagüez, Ponce y Arecibo.

De acuerdo con Mateo Santos, en cierto modo, Puerto Rico se ha convertido “en un laboratorio”, pues a raíz de los desastres naturales y lo sucedido en el sistema eléctrico, los cambios que se impulsen en la isla para crear un sistema eléctrico más resistente y confiable servirán de modelo a otras jurisdicciones.

Las horas dedicadas por el NEPR a hablar de potencia, frecuencia, microrredes, baterías o combustible también deben estar orientadas a que la gente y las empresas puedan contar con electricidad confiable, compatible con las exigencias ambientales y al menor costo posible.

Pero, según Avilés Deliz, luego de los desastres naturales que ha vivido Puerto Rico, la Ley 17 requiere analizar si la propuesta de la AEE creará un sistema capaz de resistir un desastre natural, un debate que hasta la fecha no se había tenido en otras jurisdicciones.

Como resultado, el plan que apruebe el NEPR para la AEE podría ser de los primeros en el mundo que incorporen el concepto de la resiliencia.

Sin embargo, en el proceso de vistas evidenciarias que concluyó el viernes, quedó claro que la propuesta de la AEE –que da énfasis al uso de gas natural e incorpora, posteriormente, el uso de renovables– no parece guardar relación con las necesidades de Puerto Rico y las nuevas tecnologías.

Disputa con la Junta Fiscal

Empero, aunque el NEPR pueda identificar el plan que resulte en la tarifa eléctrica más baja que pueda pagarse, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y los acreedores buscan anular la autoridad del NEPR en materia tarifaria. Esto se debe a que el acuerdo de reestructuración (RSA, en inglés) en la AEE establece que el NEPR no podrá revisar o intervenir con el cargo de transición, que es la partida que se ha negociado para pagar a los bonistas.

La semana pasada, El Nuevo Día reveló que los borradores del proyecto de ley para aprobar el RSA contemplan que el cargo de transición es uno de cuatro cargos que tendrían que aplicarse en la factura de la luz para viabilizar el plan de ajuste de la AEE.

El NEPR mantiene una demanda contra la JSF por el intento de limitar sus funciones en el RSA y el proceso de ajuste bajo el Título III de Promesa.

A preguntas en torno a las acciones que el NEPR tomaría para ejercer su autoridad y el litigio en curso, el presidente del organismo se mostró inamovible.

“El Negociado va a ejercer todas aquellas funciones delegadas por la Ley 57 y la Ley 17, y de eso no le quepa la menor duda”, aseveró Avilés Deliz.



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