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Ponce – Los alcaldes de Lajas, Ponce y Yauco reclamaron ayer mayor agilidad del gobierno central en los esfuerzos de recuperación frente a los terremotos que han afectado al país desde el 28 de diciembre.

En una vista de la comisión especial de la Cámara de Representantes que investiga la respuesta pública a los sismos, el alcalde de Lajas, Marcos “Turin” Irizarry, se preguntó, en una ponencia, cuánto más tiene que esperar el gobierno estatal para ayudar a los ayuntamientos que actúan “utilizando sus ya muy limitados recursos”.

Irizarry presentó su ponencia en la audiencia y se marchó, mientras que la alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez, no acudió al encuentro por estar indispuesta, pero entregó una ponencia que fue leída por la directora de su División Legal, Elizabeth Ocasio.

Irizarry exigió al gobierno un plan claro de reconstrucción y ayuda de damnificados afectados y que el Departamento de la Vivienda acelere el proceso de identificación de estructuras hábiles para ser utilizadas por los desplazados. Además, le solicitó que atienda el peligro que representan las estructuras que tienen que ser demolidas y que ponga a buen uso los $262 millones que la Junta de Supervisión Fiscal liberó del Fondo de Emergencias.

“Es momento de actuar ahora, la falta de decisiones y de acciones me desespera”, dijo Irizarry, en la audiencia celebrada en en la Ponce Health Sciences University.

En Lajas, un total de 1,500 querellas fueron generadas por daños en estructuras y 50 edificaciones sufrieron daños que las hacen inhabitables. El gobierno municipal todavía alberga 300 personas en su refugio.

“Existen miles de estructuras residenciales con daños estructurales en toda la región que representan un peligro a las personas y a las comunidades donde se ubican y que no han sido demolidas”, sostuvo el alcalde lajeño.

La alcaldesa de Ponce, entretanto, dedicó gran parte de su ponencia escrita a desligarse del escándalo del almacén del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), en ese municipio, y exigió que el Departamento de Justicia le dé celeridad a la pesquisa. No obstante, insistió en que existe lo que llamó un desfase en la comunicación entre el Estado y los municipios, como también ocurrió tras el paso del huracán María.

“Proponemos también que los planes sean revisados continuamente con los municipios y se les hagan los ajustes de acuerdo a las diferentes emergencias”, planteó Meléndez, al insistir también en la necesidad de que se realicen más simulacros.

Se informó que el municipio ya inició el proceso de identificar a los dueños de las estructuras que tendrían que ser demolidas.

El único alcalde que depuso frente a la comisión especial lo fue el primer ejecutivo de Peñuelas, Gregory Gonsález Souchet, quien insistió en la necesidad de que los municipios afectados por el terremoto reciban un “rescate financiero”. También, denunció que el Departamento de Educación lo ha dejado solo en el proceso de levantar el sistema público de enseñanza en su pueblo.

Dijo que no tiene información “certera” de los planteles y que en la única escuela superior de Peñuelas “todos los salones se abrieron a la mitad”.

“Lo que han indicado es que ninguna escuela está para recibir estudiantes”, dijo, al contar que, con la ayuda de la Asociación de Maestros, unos 500 a 600 estudiantes están tomando clases en el parque pasivo Pedro Albizu Campos.

“El plan de educación recae en los municipios”, dijo.

Rechaza boicot

A pesar de que los alcaldes de Yauco, Guayanilla, San Sebastián, Guánica y Utuado no se presentaron a la audiencia, el presidente de la comisión especial, Gabriel Rodríguez Aguiló, rechazó que estos le hayan boicoteado la actividad. De hecho, dijo que el alcalde de Guánica, Santos Seda, le notificó a la comisión que había surgido una emergencia en una comunidad de su municipio, por lo que no podría presentarse.

“No, no, no. Sabemos que es una situación difícil. Hay que darles espacio a los alcaldes para que atiendan sus municipios”, dijo Rodríguez Aguiló.

Las vistas de esta comisión se han centrado en el disloque entre el gobierno central y los municipios al responder a emergencias, cómo los ayuntamientos no fueron incluidos en la preparación del Plan Operacional Conjunto para Incidentes Catastróficos y las circunstancias en que se produjo el hallazgo de un almacén lleno de suministros en Ponce.

Pero, también han estado matizadas por la tirantez entre la Cámara de Representantes y la administración de Wanda Vázquez Garced.

El alcalde de Utuado, Ernesto Irizarry, no se presentó a la vista y tampoco lo hizo el alcalde de Guayanilla, Nelson Torres Yordán.

El alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, aliado de Vázquez, también fue citado por correo electrónico, dijo Rodríguez Aguiló, pero no asistió.

“Es una pérdida de tiempo estar inmersos en unas vistas sobre la respuesta a una emergencia cuando la emergencia no ha terminado”, dijo Jiménez a El Nuevo Día.

“Todos los esfuerzos del gobierno, de los alcaldes y los legisladores tienen que estar dirigidos a sobrepasar la emergencia”, agregó, al sostener que su prioridad es poner a funcionar las escuelas.

El alcalde de Yauco, Ángel Luis Torres, tampoco se presentó a la vista, y le dijo a este medio que se enteró ayer, en la mañana, que estaba citado a la audiencia cuando Torres Yordán le informó.

“Con honestidad le digo que no lo vi, pero, como entenderán, si no lo sabía con antelación se me imposibilitaba dejar los trabajos de recuperación”, indicó.

Torres agregó que, como otros alcaldes de la zona, se le refirió a un almacén del Departamento de la Vivienda para recoger 200 catres, cuando había miles en el almacén de Ponce, que manejaba el NMEAD.

“Es insostenible que nos hubiesen hecho pasar por eso”, sostuvo.

Ese escándalo le costó el empleo al excomisionado del NMEAD Carlos Acevedo, quien está citado a deponer el miércoles próximo.

También, la semana entrante, la Cámara demandará al Departamento de Justicia y al Negociado de Investigaciones Especiales para obtener el informe preliminar sobre el manejo del almacén de Ponce.

Rodríguez Aguiló defendió ayer los trabajos de la comisión.

“La comisión decidió moverse a Ponce para escuchar a los alcaldes y dar la oportunidad a los compañeros y compañeras del sur que estuvieran con nosotros para expresar cualquier inquietud o expresarse sobre la forma y manera en que el gobierno y los municipios han atendido la emergencia”, expresó Rodríguez Aguiló al abrir los trabajos.

“Todos los alcaldes fueron debidamente convocados por sus correos electrónicos, llamadas, textos. Con algunos, me comuniqué personalmente y con otros, a través de miembros de la comisión”, agregó el legislador.

Mayita insiste en su versión

Meléndez, en la ponencia leída por su representante, insistió en que no tenía conocimiento alguno sobre el almacén de Ponce y cuya existencia se reveló a todo el país el 18 de enero.

Ángel Vázquez, director de Manejo de Emergencias de Ponce, indicó, a preguntas, que el ayuntamiento no fue consultado por el gobierno central en la preparación del Plan Conjunto para Incidentes Catastróficos y que a representantes del Ejecutivo “se les pusieron los pelos de punta” cuando les dijo, durante una reunión para discutir el plan de desalojo del área sur, que en su caso tendría que sacar a alrededor de 14,000 personas de la costa de Ponce.

El funcionario dijo que tuvo comunicación con Acevedo, el 6 de enero, tras el sismo de ese día. El 7 de enero, dijo que habló con el ahora jefe de operaciones del NMEAD, Nino Correa, pero no fue hasta el 8 de enero que vio a representantes del Ejecutivo como el secretario de Estado, Elmer Román, y el secretario de Seguridad Pública, Pedro Janer, en una reunión en el Centro de Operaciones de Emergencia de Ponce.

Según Vázquez, nadie en esa reunión, en la que también estuvo Acevedo, mencionó la existencia del almacén de Ponce.

En Ponce, un total de 480 personas sufrieron la pérdida total de sus residencias. Quedan 109 refugiados repartidos entre 35 familias.

Por su parte, Ocasio, directora de la División Legal de Ponce, indicó que solicitaron al Departamento de Educación el número de escuelas públicas que han sido certificadas y la agencia no ha contestado. En cuanto al tema de la vivienda, la oficina municipal de Vivienda ha mantenido comunicación con Vivienda federal (HUD), pero no ofreció detalles.

Solo en el residencial Villas del Caribe, que fue cerrado por daños estructurales, un total de 210 familias se quedaron sin el techo que allí disfrutaban.



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