La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) denegó el pedido inicial de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para instalar unos 500 megavatios en generadores de emergencia tras los terremotos que afectaron el sur de la isla, y ahora espera por que la corporación pública le someta una nueva solicitud bajo el trámite de “hoja de trabajo” o Project Worksheet (PW).

La decisión de FEMA supone un freno, al menos temporal, a los intentos de la AEE para compensar el cierre de la central Costa Sur, luego que saliera de servicio como secuela del terremoto que estremeció Guayanilla y varios pueblos del sur de la isla el mes pasado.

Ayer, en entrevista con El Nuevo Día, el director ejecutivo de la AEE, José Ortiz, confirmó el rechazo inicial de FEMA e indicó que, en un plazo de una a dos semanas, debe presentar a FEMA la nueva solicitud de asistencia a través del mecanismo de PW.

Presagio de apagones

Con ese pedido, la AEE busca evitar lo que podría ser una ronda de apagones selectivos este verano. Sin embargo, bajo el procedimiento de PW, la AEE tendrá que aportar el 25% del costo de tales generadores, reconoció Ortiz.

“Esa es la única opción que tenemos”, dijo Ortiz al señalar que si la AEE no instala los generadores de emergencia, tendrá que iniciar un programa de apagones selectivos.

“Tendría que suspender el servicio a 20% o 25% de los abonados todos los días”, dijo Ortiz sobre el cuadro que vería Puerto Rico en ausencia de los generadores.

Entre los meses de mayo y septiembre, se dispara el consumo de electricidad en Puerto Rico, pero a raíz de la salida de servicio de Costa Sur, la AEE no tiene suficiente capacidad generatriz para satisfacer esa demanda.

En el 2017, FEMA se hizo cargo monetariamente de reactivar el sistema eléctrico de Puerto Rico, activando el mecanismo de Mission Assignment. Bajo ese procedimiento, FEMA asignó al Cuerpo de Ingenieros reparar la red eléctrica y pagó sobre $5,000 millones.

Pero en esta ocasión, FEMA habría descartado cubrir el costo total de la emergencia eléctrica causada por los sismos.

Los daños en Costa Sur

A preguntas de El Nuevo Día en torno a la evaluaciónde Costa Sur, Ortiz reiteró que el proceso de análisis, determinación de daños y reparación tomará al menos un año. Esto, porque la AEE efectúa evaluaciones geotécnicas y mecánicas, entre otras, antes de solicitar apoyo y autorización regulatoria.

Sin embargo, fuentes de este diario, que conocen las operaciones de Costa Sur y de seguros, dijeron a El Nuevo Día que los daños a la central generatriz, a lo sumo, rondarán unos $20 millones y que luego de las reparaciones, la planta podría regresar a servicio en un plazo de 8 a 10 semanas.

“Es una aseveración irresponsable que demuestra desconocimiento”, dijo Ortiz cuando este diario le abordó sobre el tema. “Tiene que ser una reclamación sustentada por peritos en todas las materias. Si intentamos cualquier cosa en esas facilidades y se daña, por nuestro mal juicio, podemos perder la cubierta del seguro y la elegibilidad en FEMA, recursos a los que tenemos derecho hoy día”, añadió.

Según FEMA, luego que, el pasado 23 de enero, la AEE entregara un informe acerca del estado de su flota generatriz, las partes han mantenido conversaciones acerca del método que utilizaría la AEE para conseguir los generadores, sea mediante arrendamiento o compra.

Ortiz adelantó que los trámites que efectúa la AEE van dirigidos a arrendar los equipos. Una vez la AEE entregue el PW, FEMA analizará el pedido, determinará si lo acepta y cuánto costará el proyecto.

Hace dos años, cuando la AEE necesitó generación de emergencia, FEMA pagó unos $200 millones. Ahora, el pedido de la AEE equivale casi a siete veces la capacidad de emergencia provista entonces, lo suficiente para construir una planta nueva.

Costa Sur y el PIR

A preguntas de El Nuevo Día en torno a la inversión que se haría en generación de emergencia, Ortiz reconoció que será significativa. Pero sostuvo que levantar una planta fija tomaría por lo menos tres años, un período del que la AEE no dispone debido a la emergencia y que tampoco puede implementar por los cambios que requiere la Ley de Política Pública Energética y que deben alcanzarse a través del Plan Integrado de Recursos (PIR).

“Costa Sur se iba a eliminar comoquiera”, dijo Ortiz al plantear que la política pública energética requiere que la AEE reduzca la generación con fósiles para dar paso a la energía renovable.

Ortiz explicó que el PIR establece que la AEE debía renegociar su contrato con EcoEléctrica -también en Guayanilla- y que si se lograban mejores términos, una de esas instalaciones, Costa Sur o el operador privado, quedaría fuera de la flota. La AEE -dijo Ortiz- pactó con EcoEléctrica, por lo que esas operaciones continuarán hasta el año 2032, partiendo del PIR.

Ante esa realidad, según Ortiz, una vez la AEE cobre sus reclamaciones de seguros o reciba el apoyo financiero de FEMA, la corporación tendrá que acudir al Negociado de Enérgía de Puerto Rico (NEPR) para que determine la suerte final de Costa Sur a la luz de lo que se acuerde en el PIR.

Ortiz depondrá hoy ante el NEPR sobre el documento que trazará el rumbo de la AEE por las próximas dos décadas.



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