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A pesar de que el gobierno de Puerto Rico lleva casi un mes en modo de emergencia como resultado de los sismos que han afectado el sur de Puerto Rico, hasta ayer, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no hará cambios al plan fiscal y tampoco en las negociaciones con acreedores.

Según el principal asesor legal de la JSF, Martin Bienenstock, si bien el presidente de la JSF, José B. Carrión, y la directora ejecutiva del organismo, Natalie Jaresko, han visitado el área sur en tres ocasiones luego de los sismos que mantienen en vilo a miles de personas desde hace casi un mes, al momento, el organismo fiscal no había recibido información suficiente que le lleve a concluir que el proceso de renegociación de la deuda pública y de ajuste presupuestario que impulsa deba cambiar su curso.

“La Junta no ha determinado si hay suficiente base para cambiar el curso”, indicó Bienenstock a la jueza Laura Taylor Swain, quien preside los casos de Título III y quien -por momentos- se mostró visiblemente preocupada por el impacto de los movimientos telúricos que han estremecido la isla, particularmente en la zona sur.

Swain retomó ayer el curso de la renegociación de la deuda de Puerto Rico al celebrar la primera audiencia general del 2020 de los casos de Título III. El proceso entraría este año en su etapa crucial, porque la corte tendrá que analizar la renegociación de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la modificación de otras obligaciones pagaderas con fuentes de ingresos específicos como las tragamonedas y los arbitrios al ron. También, está en el tintero conseguir la renegociación de la deuda constitucional, preferiblemente, a través de un proceso de mediación ordenado por la corte.

En su alocución, Bienenstock explicó a Swain que la JSF evalúa los pedidos de congresistas -como la demócrata Nydia Velázquez- dirigidos a dejar sin efecto el pacto alcanzado en la AEE, así como la modificación de los planes fiscales del gobierno. Acto seguido, el abogado logró con éxito que Swain acogiera un pedido para posponer la discusión de la reestructuración en la AEE (RSA).

El pedido de Bienenstock supone que, por tercera vez, la JSF pospone la discusión del RSA en corte, un acuerdo que, según economistas, encarecerá el costo de la electricidad.

Bienenstock adelantó que la JSF ya se reunió con el liderato legislativo para discutir la legislación necesaria para aprobar el RSA, que se enviaría en las próximas semanas.

El RSA pactado por la JSF y los bonistas organizados de la AEE en mayo del año pasado ha resultado incluso en una batalla entre la Unión de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) y el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés), partes que han solicitado a la corte que la JSF divulgue la forma en que se logró el controversial acuerdo y se revele un estudio de London Economics International, firma que habría analizado el impacto de la transacción en la economía y la condición operacional de la AEE.

Swain dio a la JSF hasta el próximo 10 de febrero para que se completen las argumentaciones de las partes antes de fijar una nueva fecha para discutir el RSA.

El saldo del terremoto

Mientras la JSF informaba lo hecho en materia de reestructuración, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) daba cuenta de un Puerto Rico centrado en el saldo de los terremotos.

Por vía de su abogado, Luis Marini Biaggi, indicó a Swain que los terremotos en el sur habían ocasionado preliminarmente daños en el orden de $460 millones y que las reparaciones permanentes de escuelas y carreteras requieren poco más de $1,500 millones.

“La evaluación de daños todavía se encuentra en una etapa preliminar”, dijo Marini Biaggi a la jueza.

Según el abogado, hasta el pasado 15 de enero, el gobierno había documentado que unas 790 casas en la zona sur han tenido daños por los temblores y solo las reparaciones de emergencia en escuelas y carreteras ya rondaban entre $40 millones y $66 millones.

Durante la audiencia, tal como reportó antes El Nuevo Día, Marini Biaggi indicó que el gobierno continúa evaluando los daños en la generatriz Costa Sur y que para compensar la pérdida de electricidad que producía esa instalación, la AEE convocará a un proceso de solicitud de propuestas (RFP, en inglés) que le permita adquirir generadores de emergencia con capacidad de unos 500 megavatios.



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