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Washington – Los alcaldes de Yauco y Guayanilla consideran que, al autorizar cualquier próxima asignación de fondos para mitigar los daños causados por los terremotos de este mes, el Congreso debe asegurarse de que los municipios reciban directamente una buena parte del dinero destinado a reconstrucción.

“Si hubiese (una asignación suplementaria de fondos de emergencia), queremos que esos fondos sean administrados a través de los municipios”, indicó el alcalde de Yauco, Ángel Luis “Luigi” Torres, del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Nelson Torres Yordán, alcalde de Guayanilla, sostuvo que la legislación debe permitir, además, crear consorcios administrativos entre los municipios con menos de 50,000 habitantes. “Hemos probado que somos mejores administrando que el Estado”, dijo Torres Yordán, del Partido Popular Democrático (PPD).

La mayoría demócrata de la Cámara de Representantes planifica tramitar en febrero un proyecto con $3,350 millones en asignaciones de emergencia para Puerto Rico, que persigue ayudar a mitigar los daños causados por los terremotos, que mantiene a miles de personas desplazadas y averió cientos de residencias y otras estructuras.

Por medio del proyecto de ley de la presidenta del Comité de Asignaciones, la demócrata Nita Lowey (Nueva York), se asignarían $2,000 millones en fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR), $1,250 millones para financiar la reparación de carreteras y $100 millones para mejoras relacionadas cpn el área de educación.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González -quien hace caucus con los republicanos-, quiere que se consideren además nuevos fondos de asistencia alimentaria.

Pero, el gobierno de Donald Trump ha indicado que no ve necesidad de echar hacia adelante legislación dirigida a mitigar los daños causados por los terremotos, en momentos en que la Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) activó sus programas de asistencia a individuos y gobiernos locales.

El alcalde Torres Yordán indicó que la asistencia de FEMA no será suficiente para la reconstrucción de los municipios de la isla más impactados por los terremotos y que para muchas familias, el subsidio máximo de esa oficina para reparar sus viviendas, $35,500, no le permitirá rehacer su casa o no estará disponible.

Bajo el programa tradicional de desarrollo comunitario (CDBG), los municipios con una población de 50,000 personas o más han podido administrar esos fondos. Mientras, además, la ley permite a municipios con menos de 50,000 personas crear consorcios administrativos para recibir los fondos.

Aunque Yauco tiene ahora una población de 42,000 habitantes, mantiene el derecho a recibir fondos CDBG de forma directa.

Tras la catástrofe causada por el huracán María, la asignación de cerca de $20,500 millones en fondos CDBG-DR -ahora sujetos a un monitor financiero federal- se ha hecho a través del gobierno central.

Los alcaldes, en general, consideran que han sido víctimas tanto del freno en la asistencia de emergencia del gobierno de Trump como del lento trámite de los primeros $1,507 millones que tiene disponibles desde hace casi un año el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico.

“El gobierno federal tiene mucho recelo (hacia el gobierno central de Puerto Rico). Desde el huracán María, HUD ha enviado $1,500 millones al Departamento de Vivienda de Puerto Rico, pero nuestros municipios siguen sin ser reconstruidos”, dijo el alcalde de Yauco.

Junto con una nueva legislación con fondos de emergencia para la isla, la delegación demócrata de Florida en el Congreso ha reclamado al gobierno de Trump que ofrezca vivienda de transición y asequible a los puertorriqueños que se desplazan a ese estado tras los terremotos.



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