Mientras el Departamento de Educación (DE) declara que hay -al menos- 40 escuelas no aptas para recibir estudiantes a causa de la actividad sísmica, el representante Rafael “June” Rivera Ortega se propone presentar un proyecto de ley que detendría cualquier transacción de venta o cesión de escuelas en desuso.

En lo que va de cuatrienio, el gobierno ha ordenado el cierre de sobre 300 escuelas, pero ayer el secretario de Educación, Eligio Hernández, dijo que la reapertura de escuelas clausuradas sigue siendo una opción para atender la emergencia.

No se descarta, una vez se concluyan las inspecciones de las escuelas abiertas y saber el estado de las aptas y las aptas parciales que tengan arreglo, evaluar las escuelas que están en desuso”, sostuvo Hernández, por escrito.

Rivera Ortega quiere atender escenarios como el que puede producirse en Corozal, que forma parte de su distrito representativo. Allí la escuela superior Emilio R. Delgado presenta daños en su estructura, mientras que en el pueblo hay dos cerradas: la Abraham Lincoln y la Rafael Martínez Nadal. Al menos una se encuentra en la mirilla de una empresa privada, dijo.

“Estamos pidiendo que se paralice cualquier venta (o cesión)”, dijo Rivera Ortega, quien reconoció que el gobierno no ha hecho un buen trabajo preservando las escuelas en desuso, muchas de las cuales han sido cubiertas por la maleza o han sido vandalizadas.

En lo que va de año, el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles de La Fortaleza ha rechazado siete resoluciones legislativas que transferían planteles en desuso a entidades privadas o municipios.

Por ejemplo, se detuvo el traspaso, libre de costo, de la escuela elemental Teodoro Roosevelt, en Hatillo al Instituto de Educación, Investigación y Desarrollo Apícola de Puerto Rico. También el comité de La Fortaleza le puso freno a la transferencia, sin costo alguno, de la escuela Segundo Ruiz Belvis, de San Juan, a la Feria Internacional del Libro. De hecho, la propiedad fue vendida a la Fundación Banco Popular por $1.2 millones.

Igualmente se denegó la petición de que se cediera, libre de costo, el predio donde se ubicó la escuela Miguel Pou a la Puerto Rican Family, lnc., con el fin de operar un Head Start.



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