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Directores, consejeros escolares y trabajadores sociales de las 224 escuelas públicas que recibirán estudiantes la semana que viene participaron ayer de adiestramientos sobre el manejo de emociones ante un desastre natural, una de las estrategias que ha trazado el Departamento de Educación en preparación para el inicio del segundo semestre del año escolar.

Pero el apoyo emocional para los líderes educativos de la zona sur, la más afectada por los temblores de las pasadas semanas, ha quedado en segundo plano, denunció la presidenta de las Organización de Directores y Administradores Escolares (ODAE), Damaris Chabrier Rosado.

La educadora señaló que municipios, universidades y organizaciones sin fines de lucro se han unido para ofrecer charlas o apoyo sicológico a los directores de planteles de la región de Ponce, algunos de los cuales han sufrido daños severos.

“Los talleres los están dando, pero es algo tardío”, señaló Chabrier Rosado. “Los directores, en las semanas pasadas, no recibieron ni una llamada de la región, lo que entendemos que es un fallo, ni para preguntar si necesitaban ayuda o si habían podido llegar a su escuela”, añadió.

Es por esto que la directora de una escuela en Villalba -que también forma parte de la región educativa de Ponce- destacó que es necesario crear una mesa de trabajo entre educadores de la zona sur para discutir opciones para retomar el año escolar, particularmente en comunidades escolares cuyos planteles están devastados.

De las 856 escuelas públicas del país, 561 han sido inspeccionadas por ingenieros, según las últimas cifras ofrecidas por Educación. De estas, 326 se han declarado aptas para abrir, pero solo 224 en las regiones educativas de Arecibo, Bayamón, Caguas, San Juan y Humacao recibieron la autorización para volver a operar.

Lisbeth González, directora de la escuela Rafael A. Delgado Mateo, en Guayama, señaló que la mayoría de los directores escolares han expresado las mismas preocupaciones en las reuniones profesionales que ha realizado Educación.

“Todo el mundo en el país tiene las mismas preocupaciones, vamos a querer aprender más, saber más de cosas que antes no nos preocupábamos tanto. Necesitamos tener mente sísmica, como corresponde, porque nosotros lideramos un equipo completo, lideramos familias dentro del plantel”, expresó González, cuya escuela es una de las que abrirá.

Ayer, Educación no actualizó la cifra de escuelas inspeccionadas. Hasta la semana pasada, 40 escuelas habían sido clasificadas como no aptas para abrir.

En las 224 escuelas públicas autorizadas, las clases comenzarán el martes, 28 de enero, y el miércoles, 29 de enero, en un horario escalonado según el grado de los estudiantes.

Según información provista por la agencia, los primeros dos días, los alumnos no tomarán sus clases regulares, sino que tendrán un período de “salón hogar extendido” de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Los alumnos permanecerán en la escuela hasta la 1:00 p.m., pues se les proveerá almuerzo.

En ese período, se espera que los maestros realicen actividades con sus estudiantes y ofrezcan orientaciones para que los menores puedan dialogar con los educadores sobre sus emociones.

Exigen datos concretos

La Autoridad de Edificios Públicos (AEP), una de tres dependencias gubernamentales que se están encargando de las evaluaciones, ha inspeccionado 131 planteles de los 393 bajo su jurisdicción, detalló ayer la directora ejecutiva Melissa López, en una vista pública conjunta de las comisiones de Educación y Seguridad Pública de la Cámara de Representantes.

La funcionaria adelantó que las inspecciones de todos los planteles que están bajo la titularidad de la AEP se completarán en dos semanas, salvo las ubicadas en las regiones educativas de Ponce y Mayagüez.

De las escuelas inspeccionadas, 27 (15 en la región de Ponce, 11 de Mayagüez y una de Bayamón) han sufrido daños que limitan parcialmente su uso. Otras cinco -ubicadas en las regiones de Ponce y Mayagüez- no se pueden utilizar hasta ser reparadas.

Juan R. Alicea, coordinador en el Área de Desarrollo de Proyectos de la AEP, dijo que los planteles que tienen daños mayores presentan la posibilidad de colapso estructural, pero señaló que existe la posibilidad de que puedan ser reparados. Alicea sostuvo que la corporación pública recopila información sobre estas escuelas, que requerirán otra inspección.

En la región educativa de San Juan, ni una sola escuela de las 32 bajo la jurisdicción de la AEP ha sido inspeccionada. La otra región con la menor cantidad de inspecciones es la de Caguas, con cuatro. Además, según cifras de la AEP, hay regiones como las de Arecibo, Caguas y Humacao que apenas han sido inspeccionadas. Por ejemplo, en Arecibo, hay 54 escuelas pendientes, en Caguas están pendientes 49 escuelas y en Humacao no han sido inspeccionadas 32.

López, quien es corredora de bienes raíces, indicó que la corporación pública ha contratado a dos compañías de ingeniería para realizar esas inspecciones y están en vías de contratar dos más. Las inspecciones iniciales a las escuelas son realizadas por ingenieros de la AEP.

Las empresas ya contratadas son Green Engineering Group y la firma del ingeniero José Raúl Gayá. López reconoció que ahora es que inició el proceso de contratación de las dos firmas adicionales, ya que la AEP recibió los fondos para ello. De hecho, reconoció que las contrataciones de Green Engineering Group y la firma de Gayá se hicieron con recursos propios y no del fondo de emergencia liberado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

En un momento tenso de la vista, el portavoz de mayoría,Gabriel Rodríguez Aguiló, cuyo distrito representativo incluye los municipios de Ciales, Florida, Manatí y Barceloneta, confrontó a López por su desconocimiento de varios aspectos del proceso de inspección de escuelas. El legislador estaba particularmente airado porque las escuelas bajo la jurisdicción de la AEP en Arecibo aún no abrirían. Entre esos planteles, está el de su hijo.



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