La solicitud que hizo la gobernadora Wanda Vázquez Garced al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se limitó a una declaración de emergencia para cubrir los gastos por la respuesta inmediata para proteger a los damnificados por los terremotos en Puerto Rico.

Esto significa que aún falta que el gobierno local le solicite a la administración Trump una declaración de desastre mayor que cubra las solicitudes de asistencia tanto de individuos como del gobierno local y los municipios en las zonas afectadas por la destrucción de viviendas y edificios, así como los derrumbes en las vías públicas.

“Estoy solicitando una declaración de emergencia para asistencia directa federal limitada a trabajos bajo la categoría B, medidas de protección ante emergencias”, lee la misiva enviada ayer, a Trump y al administrador regional de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), Thomas Von Essen.

El comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Carlos Acevedo, explicó a El Nuevo Día que esta solicitud se limitó a la categoría B, por recomendación de FEMA, para agilizar la respuesta inmediata a los damnificados, con la compra de comida, agua, catres y generadores eléctricos para represas y refugios.

Acevedo indicó que esto se hizo “para trabajar con unas prioridades como son la alimentación, la ingeniería, los generadores para infraestructura crítica como las torres de telecomunicaciones y sistemas de bombeo de agua potable”.

Sin embargo, confirmó que “para que FEMA pueda ayudar al individuo con su material inmueble que haya perdido, necesitamos el ‘Mayor Disaster’ declarado; para que FEMA pueda ayudar al gobierno de Puerto Rico y los municipios en la infraestructura, necesito la Asistencia Pública, que está dentro del ‘Mayor Disaster’”.

El NMEAD enviaría hoy, a un primer grupo de empleados al Municipio de Guánica, para comenzar con los estimados de los daños. Mañana, la agencia enviará cuatro equipos a cuatro municipios para medir los daños también en esos ayuntamientos, una gestión necesaria a la hora de solicitar la declaración de desastre mayor, según Acevedo.

Asimismo, los municipios tienen 48 horas para enviar los informes preliminares de daños y 72 horas para enviar los informes finales.

La organización Ayuda Legal criticó que la declaración del gobierno federal carezca de ayuda para residencias o vivienda temporera, cuando la gente está durmiendo a la intemperie.

“Esto agrava la vulnerabilidad de las comunidades que más de dos años después de los huracanes del 2017 todavía esperan asistencia para reparar sus hogares… Este proceso requiere asistencia inmediata, incluyendo viviendas transitorias, vouchers o vales para hoteles, entre otros, y es responsabilidad del municipio y del gobierno central”, denunció Ariadna M. Godreau, directora ejecutiva de la organización de trabajo legal comunitario.

Acevedo indicó que hay más de 300 residencias con pérdidas mayores y menores en el litoral sur y zona región montañosa. Admitió también que hubo daños a la infraestructura de municipios, cuarteles de la Policía, estaciones de bomberos y centros de servicios gubernamentales, aunque no se atrevió a ofrecer una cifra sobre estos.

En un comunicado de prensa, la gobernadora explicó que con la declaración emitida por Trump, a solicitud suya, la isla puede recibir asistencia para acceso de emergencia, suministros y productos básicos, cuidado médico y transportación, desalojos y albergues, inspecciones de seguridad, remoción de animales muertos, búsqueda y rescate, extinción de incendios, seguridad, cuidado masivo, así como el uso o alquiler de generadores temporeros para instalaciones que provean servicios comunitarios esenciales.

“Agradecemos al presidente Trump y al administrador interino Gaynor por su apoyo inmediato ante esta inesperada emergencia que atraviesa la isla”, dijo por su parte el director ejecutivo de la Oficina para la Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, Ottmar Chávez, a quien la gobernadora nombró como su representante autorizado.

Vázquez Garced nombró también al secretario de Estado, Elmer Román, como el coordinador estatal para esta declaración de emergencia.





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